UGT dice que hay «dos gobiernos en la Junta» y «suspende» a ambos

UGT suspendió hoy a “los dos gobiernos de la Junta” en lo que concierne a trabajadores públicos en el último año, a uno “por su ineficacia” y a otro “por dedicarse a la propaganda y además con defectos”. Así lo sentenció el secretario general de Servicios Públicos del sindicato en Castilla y León, Tomás Pérez, quien recordó que aunque el curso ha estado marcado por la pandemia, en la Comunidad “no se ha aprendido nada”. “En la Junta ha sido todos buenas palabras, pero pocos hechos”, afeó, durante el transcurso de una rueda de prensa para analizar la situación laboral de los trabajadores que dependen de la Administración autonómica.

En este sentido, Pérez recordó que el curso político empezó con la segunda ola, “pero ya sin aplausos a los servicios públicos”, mientras que ahora, en la quinta, “la Junta ha pasado de los servicios públicos e intenta privatizar todos los que ha pedido”. “No hay bomberos forestales, no hay atención presencial médica, llevan tres años sin hacer residencias y cada año se esmeran más en reducir la ayuda a domicilio. Un gobierno que privatiza y discrimina a todos los trabajadores públicos que no puede privatizar”, sostuvo el responsable sindical, quien trasladó a la sociedad que “recapacite quien nos dirige y hacia donde vamos”.

Sin embargo, Pérez se mostró optimista por que “últimamente algunos ven el futuro donde no tienen el presente” e intentan llegar a acuerdos, algo que aplaudió la formación, que confió en que esta forma de trabajo se convierta en “una realidad” y “comiencen a escuchar las viejas reivindicaciones”.

Por sectores, UGT dio su único aprobado a la Consejería de Educación porque “no ha tenido una actuaciones extraordinariamente mala” este curso y por “haber intentado llegar a acuerdos”. Explicó que el inicio fue “un poco caótico, solventado por el buen hacer del profesorado y la predisposición y comprensión de las familias”. “La Consejería puso en marcha algunas medidas positivas”, ensalzó Pérez, quien reprochó que acudiera de nuevo a la “externalización” para las pruebas PCR del profesorado, “un hecho que fue caótico y que terminó haciéndolo finalmente la sanidad pública”.

Igualmente, se refirió al calendario escolar, que “fue aprobado de forma unilateral por la Junta”. “No se recogió ni una sola demanda sindical ni de las Ampas”, denunció, para comunicar que la propuesta de UGT es un calendario pedagógico bianual, “que tenga en cuenta las fiestas pero que sea coherente”. En todo caso, y a pesar del aprobado, el sindicato lamentó que los docentes “siguen igual” que antes de la pandemia: “Son los peor pagados de España y los menos reconocidos aunque tienen los mejores resultados académicos. No se han acordado de ellos”, criticó.

En materia de trabajadores que se dedican a la dependencia y ayuda a domicilio, que corresponden a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el sindicato prefirió no evaluar con una nota porque “queda el último examen”, el reparto de los 50 millones acordados en la Mesa del Diálogo Social. De ellos, 13 se destinarán a ayuda a domicilio para repartir entre las nueve provincias mientras que los otros 37 serán para la construcción de tres nuevas residencias en Ávila, Salamanca y Zamora y revertirán también en centros de día.

Al respecto, la secretaria del Sector Sociosanitario y Atención a la Dependencia de UGT, Pilar Gutiérrez, solicitó a la Junta que “unifique los criterios con un precio-hora y un pliego de condiciones que regule y sirva de modelo para las nueve provincias”, porque hasta ahora, añadió, dentro de una misma provincia se pueden observar ayuntamientos que “sacan precio-hora distintos sin las mismas condiciones”. “Aquí comienza una discriminación laboral hacia trabajadores que hacen el mismo trabajo y en los que el usuario queda en un segundo plano. Lo único que les importa es el dinero y no la calidad del trabajo”, denunció Gutiérrez, que señaló que es un sector feminizado al 99,9 por ciento, con un “rebaja salarial por debajo de la media nacional y muy por debajo de Europa”.

En este punto, expuso que las empresas “bajan aún más el precio-hora del servicio licitado y con un sinfín de incumplimientos”, que están denunciados en distintos juzgados e inspecciones de trabajo de la Comunidad”. Por ello, pidió un “compromiso a la Junta” para regularlo y tomar medidas para las empresas adjudicatarias que incumplen. “Desde el inicio de la pandemia falta personal, hay sobrecarga de trabajo emocional, exceso de jornadas, funciones que no les corresponden… Pedimos más inspecciones y que se cumplan los ratios”, denunció Gutiérrez, quien también reclamó a las empresas que “no condicionen a los trabajadores por su representación sindical”.

Más claro fue el sindicato con la nota a Sanidad. El secretario del Sector sanitario de UGT, Miguel Holguín, recordó que obtiene un “suficiente” hasta el final de la primera ola, pero un “suspenso” hasta hoy. Incluso, el sindicato ha pedido en varias ocasiones la dimisión de la consejera, Verónica Casado, “por el trato a los profesionales”. “Ni responde a la fama con la que entró en el cargo ni aprueba con los hechos”, afeó.

Holguín, quien aprovechó para apelar a los jóvenes para que “su conciencia cívica hacia la sociedad demostrada desde el inicio siga adelante ahora”, señaló que tanto Casado, como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el “vicetodo Igea, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y “hasta el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, se han asignado todos los anuncios con mensajes incoherentes”. “En este año hemos pasado de aplausos en los balcones a un ataque frontal con el ‘decretazo’ del 12 de noviembre”, expuso, para recordar que se trata de un sector con entre un 10 y 15 por ciento de interinidad.

También tuvo un recuerdo a los profesionales del transporte sanitario, que “son los peor pagados, dejados de la mano de fondos buitre, pero que también forman parte de la cartera de la sanidad pública”.

Con todo esto, añadió, “los más perjudicados son los castellanos y leoneses, con consultorios cerrados, listas de espera sin control, sin un plan de choque creíble y factible, salvo acudir a las externalizaciones, y para concluir, un plan Aliste para resurgir con un plan Segovia, tan dañino para el territorio vaciado”. Sin embargo, “por ver un pequeño atisbo al final del túnel”, destacó el “acierto” del Plan de Fidelización de Residentes y la campaña de vacunación frente al COVID, “de la que no hay dudas de su éxito, pese a que Igea lo utiliza como arma arrojadiza”.

E secretario de Acción Sindical y Administración Autonómica del sindicato, Carlos Arenas, tampoco aprobó a un ámbito que abarca a 30.500 empleados públicos de los alrededor de 85.000 con los que cuenta la Junta: la administración general de la Comunidad. Se trata de todo lo vinculado a despachos, oficinas y atención al público, pero también los que trabajan en el operativo de incendios, docencia y la Gerencia de Servicios Sociales. Su primera queja fue que el 70 por ciento de las plazas “no están ocupadas por su titular por la alta tasa de interinidad, contratos eventuales o miles de comisiones de servicios que permiten ahorros al Gobierno autonómico”.

Arenas recordó que “se actuó tarde” y que “cuando quisieron dictar normas iniciales para paliar los efectos de la pandemia ya habían transcurrido 20 días, y eso era mucho tiempo, y los mandos intermedios, un mes”. “Llegaron tarde todos los medios y epis necesarios. Nos pedían reciclar y utilizar la mascarilla una semana”, reprochó.

A partir de ahí, prosiguió, “se privatizaron los servicios cuando se dieron cuenta de que había que mantener la distancia de seguridad”. Lo hicieron con la tramitación de subvenciones del ICE o los propios ERTES, que “han sido mal gestionados por empresas privadas”. Se decidió generalizar los registros electrónicos “y se han encontrado con miles de problemas”. “En resumen, tarde, mal y nunca”, lamentó.

Ahora queda pendiente la negociación del convenio colectivo del personal laboral, “que va con retraso”, y la ley de Función Pública. También, dijo, “regularizar” el sistema de concursos de acceso a la Junta y los de promoción, que “están siendo nefastos”. Hasta ahora, presumió, únicamente “se ha conseguido un acuerdo para la carrera profesional horizontal, el viernes pasado, con nueve años de retraso”.

En lo que refiere a los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales, la gestión “fue mucho peor, con ratios nada deseables”. “La Junta hace que esto funcione mal para poder decir que funciona mal y poder privatizarlo, es su forma habitual de actuar”, cargó Arenas.

Sobre el operativo de incendios, reiteró la petición de que se flexibilice el inicio del periodo de máximo riesgo de incendios y no arranque siempre, “manu militari’, el 1 de julio. “Este año junio ha sido más caluroso que lo que llevamos de julio”, denunció el responsable sindical, en un sector en el que existe también una alta tasa de interinidad.