UGT-A, investigada por un supuesto fraude en las subvenciones de 100 millones

UGT-A, investigada por un supuesto fraude en las subvenciones de 100 millones

07 febrero, 2017
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Actualizado: 07 febrero, 2017 20:11
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El perito centra investigación de UGT-A en ayudas por valor de 100 millones correspondientes a 16 expedientes de los cursos de formación.El perito designado en la causa judicial del presunto fraude en subvenciones concedida por la Junta de Andalucía a la UGT-A entre el 2009 y el 2013 ha centrado sus pesquisas en dieciséis expedientes que suman más de cien millones de euros y ha descartado investigar otros quince por su menor cuantía.
En un escrito entregado al Juzgado de instrucción 9 de Sevilla, que instruye este caso, el perito explica que son objeto de análisis dieciséis expedientes por ayudas de entre 437.304 euros el menor y de 16,5 millones el mayor.
Los otros quince expedientes, el menor de 80.000 euros y el mayor de 152.411 euros, suman 1,7 millones de euros, aunque por separado la cuantía es «insuficiente» para que con ellos se hubiera podido cometer fraude en subvenciones, según el escrito del perito, al que ha tenido acceso Efe.

Subvenciones recibidas entre 2009 y 2013

El perito recuerda que fue designado para cuantificar el posible fraude en subvenciones concedidas a la UGT-A por la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía entre el 2009 y el 2013.
Tras ser requerido el 19 de diciembre pasado por el juez Juan Jesús García Vélez para que informara del estado de la pericial, el perito explica que además existe otro expediente del que aún desconoce los datos y por tanto, si será objeto de su informe, aunque cree que sí lo será porque se trata de una subvención nominativa.
En este caso, los ex secretarios generales de la UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla están acusados por el juez de los delitos de falsificación y fraude de subvenciones entre los años 2009 y el 2013.
La Fiscalía Anticorrupción considera que ambos son responsables de la financiación ilegal de la UGT-A por medio de «la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación».

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