UGT reclama una ampliación urgente de la «ratio» de personal en las residencias

UGT reclama una ampliación urgente de la «ratio» de personal en las residencias

"Sin manos, no se salvan vidas", recuerdan
09 diciembre, 2020
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Actualizado: 09 diciembre, 2020 13:06
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La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León urgió hoy a la Junta modificar, vía decreto, las ratios de personal de atención directa a los usuarios de las residencias antes de la aprobación de la nueva ley. «Sin manos no se salvan vidas, por lo que no podemos esperar a una nueva ley cuando ya se habla de una tercera ola de la pandemia del Covid», sentenció la secretaría de Servicios Sociosanitarios, Mujer e Igualdad, Fonsi Bonafonte. Además, el sindicato reclamó la contratación de más inspectores para controlar la gestión de los más de 2.000 centros existentes en la Comunidad, tras denunciar que solo existen cuatro profesionales para esta labor en el conjunto de la Comunidad, sin olvidar una mayor implicación de la administración autonómica con los derechos laborales del personal que atiende las residencias y así contar con profesionales preparados, valorados y bien pagados.

Durante la presentación de las aportaciones del sindicato al proyecto de ley de atención residencial en Castilla y León, el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, aseguró que la ley no servirá para «nada» sin una financiación sostenible en el tiempo, que no solo dependa de la Consejería de Familia al apuntar que la atención a la dependencia debe ser «transversal». No en vano, consideró que sin dinero suficiente será imposible cumplir con los dos objetivos básicos que debe cumplir la nueva norma como amparar los derechos de las personas mayores y proteger a los trabajadores que las cuidan en las residencias. «La Comunidad debe contar con unos Servicios Sociales fuertes y de calidad para que los mayores tengan la calidad de vida que se merecen», sentenció. En este sentido, recordó que Castilla y León ha sido la tercera comunidad con mayor número de fallecidos en residencias en España, solo por detrás de Madrid y Cataluña, mientras que encabeza la mortalidad por Covid en proporción al número de residentes.

En el mismo sentido, se pronunció el secretario regional de la Federación de Sercicios Públicos (FeSP), Tomás Pérez, quien subrayó que la pandemia ha puesto en «evidencia» el modelo de atención residencial de la Comunidad. «La Junta tiene que dejar de ver las residencias como un negocio, donde las empresas privadas y los fondos de inversión solo buscan el rédito económico. No puede mirar hacia otro lado sino dar el callo y elaborar una ley donde prime el derecho y no la economía», precisó. De ahí que sea necesario, a su juicio, dar un giro de 180 grados a la ley para disponer de una norma del siglo XXI y no del XIX.

También se refirió, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, a la negativa de los grupos parlamentarios de PP y Cs, que sustentan el Gobierno de la Junta, a la creación de una comisión de investigación de la gestión de los centros residenciales durante la pandemia del coronavirus. «Si estoy orgulloso de mi trabajo abro las puertas y las ventanas para que reciba solo halagos pero la realidad es que su gestión no resiste ni la más mínima investigación», aseveró.

Fonsi Bonafonte consideró que el Covid ha cerrado una etapa de «propaganda» del programa ‘En mi casa’ de la Junta, que está obligada a repensar los esquemas de protección social, que debe aunar los Servicios Sociales y la Sanidad. También, reclamó mofificar el modelo de atención integral centrado en la persona que busca «sistematizar» a todos los usuarios. En la idea de lo expuesto por el secretario autonómico, declaró que «sin inversión ni financiación» la nueva ley residencial será «papel mojado», además de apostar por solucionar los problemas estructurales que ha dejado visible la pandemia.

Puso en el acento en el insuficiente personal, la mala calidad del trabajo por la sobrecarga y el estrés laboral, que provocan una baja calidad y pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Bonafonte precisó que las trabajadoras -al ser un sector muy feminizado- tienen escasas habilidades para hacer frente a los problemas neuro psicológicos de las personas dependientes, con un alto porcentajes con deterioro cognitivo. «No hay tiempo ni personal suficientes para el diálogo, la escucha y el acompañamiento ni para cumplir con los protocolos marcados», significó.

Se refirió a la necesidad de modificar las ratios de personal y que las estadísticas de la Consejería de Familia especifiquen los trabajadores de atención directa, que cuidan y atienden a las personas mayores y dependientes, y los de otros servicios como limpieza, cocina o jardinería. Además, el sindicato pidió unas ratios con criterios únicos y homogéneos, para que no haya diferencias entre los centros de titularidad pública y privada ni entre las unidades de convivencia. También reclamó la construcción de más residencias cien por cien públicas, con una gestión pública y personal público, tras señalar que muchos ayuntamientos edifican centros pero luego los «regalan» a las empresas privadas con plazas concertadas.

Además, Tomás Pérez hizo hincapié en las inspecciones de las residencias para que la ley se cumpla. «La ley es papel y el inspector es el encargado de comprobar que eso se cumple, ya sea al verificar su estado, la atención que se presta y la alimentación pero también valorar todo lo relacionados con el personal», expuso. En su opinión, si hay «tantas» residencias ilegales es por que sus responsables son conscientes de que existe «mucha permisividad».

UGT se opuso a la existencia de residencias medicalizadas aunque los centros deben contar con personal sanitario. «El profesional sanitario será el encargado de decidir si el usuario estará mejor en un hospital o en la propia residencia, en función del estado de la personal y el tipo de las instalaciones», afirmó Pérez. En este sentido, denunció que muchas residencias «venden» y «cobran» una atención sanitaria cuando, en realidad, la prestan los centros de salud. De ahí, que reclamara la creación de unidades de Geriatría, vinculadas a las áreas de salud, para favorecer la atención de las personas mayores, tanto las que están en residencias como en sus domicilios.

 

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