Un estudio de arquitectos dice que conoció el pliego de ‘Perla Negra’ antes de ir al BOCyL

Un estudio de arquitectos dice que conoció el pliego de ‘Perla Negra’ antes de ir al BOCyL

11 marzo, 2024
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Actualizado: 11 marzo, 2024 16:47
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ICAL

El estudio de arquitectos Lamela, responsable del diseño del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conoció el pliego de condiciones para su construcción antes de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, según confirmó esta mañana en el juicio que se sigue por el denominado ‘caso de la Perla Negra’ y la compra de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo, el entonces gerente del estudio de arquitectos madrileño, Francisco López de Blas.

A preguntas del Ministerio Fiscal, López de Blas, explicó que Urban Proyecta contactó por primera vez con su empresa en mayo de 2005 para realizar tres anteproyectos sobre posibles ubicaciones para un edificio de oficinas en alquiler, uno en Valladolid, en Villa del Prado, y otros dos en Arroyo de la Encomienda, pero en ubicaciones diferentes en la que finalmente se levantó el edificio de Soluciones Empresariales.

Al mismo tiempo, el exgerente de Lamela confirmó que fueron los responsables de Urban Proyecta quienes les comentaron los “rumores” y la información periodística que corrían por Valladolid de la intención de ADE de unificar sus sedes y de que podría convocarse un concurso. Por este motivo, Urban Proyecta y Lamela firmaron un contrato en noviembre de 2005 en el que se plantearon los trabajos de concurso, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de obra. No obstante, López de Blas recalcó que  cuando se firmó este contrato no estaba decidido qué empresa ejecutaría la obra. “Entonces desconocíamos si el contrato saldría publicado y si lo ganaríamos nosotros”, recalcó.

El Ministerio Fiscal sostiene que el 26 de diciembre Ángel Román Montes, dirigente de Urban Proyecta, le remitió el pliego de condiciones, a pesar de que hasta el 30 de diciembre no se publicó en el Bocyl. En este sentido, López de Blas confirmó que en la información remitida por Ángel Román Montes no aparecía ningún membrete oficial de la Junta.

Contrato a dedo

En la jornada de hoy también declararon dos administradores de Unifica Servicios Integrales, empresa encargada de los trabajos de compartimentación y adecuación interior del edificio, y a la que le fue adjudicada un contrato de cuatro millones de euros, según confirmó Ana Belén García García, una de las administradoras de la sociedad, que reconoció que no fue un concurso oficial que se publicara en el Bocly, aunque entiende que pidieron más ofertas a otras empresas.

Según explicó, desde Gesturcal les enviaron un presupuesto para que realizaran una oferta por una serie de trabajos. Más adelante, les comunicaron que Unifica había sido la adjudicataria y les enviaron el presupuesto firmado por Rafael Delgado y con el sello de la Junta de Castilla y León.

Al mismo tiempo, esta administradora explicó que las facturas emitidas por Unifica eran abonadas por Francisco Armero, entonces director de Gestión Administrativa y Financiera de Gesturcal, pero matizó que las decisiones sobre los trabajos de adecuación en el edificio eran tomadas por la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, según le comentó el propio excoordinador de Servicios de la propia Consejería, Tomás Machota, que ya prestó declaración como testigo en este juicio.

En este sentido, García García también confirmó que Machota le remitió un discurso que tenía previsto pronunciar en las Cortes de Castilla y León la exviceconsejera de Economía y Empleo, Begoña Hernández, argumentando las ventajas de la unificación de sedes, con la intención de que elaboraron un informe en el mismo sentido. En el mismo, y después de un estudio detallado del mercado y de la duplicidad de oficinas que tenía la Junta, se puso de manifiesto que a largo plazo la unificación de sedes supondría una notable reducción de costes a las arcas autonómicas. Además, explicó que el coste medio por persona en oficinas de alquiler estaba en Valladolid en unos 6.000 euros anuales, mientras que en la Junta muchos se elevaban a los 8.000 euros e incluso había casos de 12.000 euros.

El juicio continuará mañana, a las 10 horas, con la declaración de la exconsejera de Hacienda de Hacienda Pilar del Olmo, mientras que el jueves será el turno del expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

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