Uno de los agresores de Alsasua se enfadó con agentes porque le habían puesto 4 multas

Uno de los agresores de Alsasua se enfadó con agentes porque le habían puesto 4 multas

16 abril, 2018
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Actualizado: 16 abril, 2018 11:14
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Jokin Unamuno, uno de los ocho acusados de la agresión de Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles, ha afirmado hoy ante el tribunal que le juzga por terrorismo que cuando entró en el bar donde ocurrieron los hechos se enfadó con los agentes porque le habían puesto cuatro multas.

«Le dije que menuda jeta que tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y que luego acudían a los bares», ha dicho Unamuno, que está en prisión provisional y se enfrenta a una petición fiscal de 50 años de cárcel.

«Yo no golpeé a nadie», ha seguido declarando Unamuno, que solo ha accedido a responder a su abogada, para negar que la discusión que tuvo dentro del bar con los agentes fuera violenta.

El caso contra los agresores de Alsasua, que fue denunciado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), correspondió a la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Navarra, que no veía delito terrorismo, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

La Fiscalía encuadra la actuación de los acusados, vinculados al colectivo «Ospa!» (fuera), en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social».

Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (los tres en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.

Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno) y a Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión.

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