Valladolid baja el IBI un cinco por ciento y llegará al diez en 2027

Valladolid baja el IBI un cinco por ciento y llegará al diez en 2027

02 septiembre, 2024
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Actualizado: 02 septiembre, 2024 17:06
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ICAL

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid aprobó hoy la modificación de nueve ordenanzas fiscales municipales, entre ellas, la que afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se reducirá un cinco por ciento desde el 1 enero de 2025. La bajada del IBI será progresiva hasta llegar al diez por ciento al final del mandato y cumplir el compromiso anunciado por el equipo de Gobierno.

Así lo anunció hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien precisó que las modificaciones responden al “firme compromiso del equipo de Gobierno de aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos, favoreciendo así la economía de las familias y empresas locales”.

La reducción de los tipos impositivos permitirá iniciar la senda para situar a Valladolid entre las ciudades españolas con una fiscalidad media baja, situándola como un referente en la gestión eficiente y equitativa de los recursos municipales. “Esta decisión es el resultado de un análisis exhaustivo de la situación económica local y del esfuerzo continuo del Ayuntamiento por adaptar las políticas fiscales a las necesidades de la ciudadanía”.

Con estas modificaciones se espera no solo reducir la carga económica para los contribuyentes, sino también incentivar el crecimiento económico local, atrayendo nuevas inversiones y apoyando el desarrollo sostenible de la ciudad.

Carnero reiteró el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, y en este sentido explicó que para llevar a cabo las modificaciones previstas se han tenido en cuenta los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) relativos al cumplimiento de los objetivos fijados de estabilidad presupuestaria y deuda pública del Ayuntamiento de Valladolid que refrendan la mejora de los datos económicos de esta entidad y la previsión de cumplimiento de las reglas fiscales para 2024, además de los condicionantes de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

“Precisamente, hace un año nos enfrentábamos a un escenario totalmente distinto, en el que los informes de la AIREF y de la Intervención General, ante el estado económico-presupuestario del Ayuntamiento de Valladolid y de sus entes dependientes, fruto de la gestión del anterior equipo de Gobierno, concluían que si el Ayuntamiento de Valladolid quería cumplir con las reglas fiscales estaba obligado a incrementar los ingresos o/y reducir los gastos para evitar cerrar el ejercicio 2024 con necesidad de financiación y no tener que adoptar medidas correctivas o coercitivas”, ha explicado el alcalde.

En ese escenario el Gobierno municipal optó por no incrementar el esfuerzo fiscal, salvo en lo que viniese impuesto por obligación legal, mantener los tipos impositivos y las bonificaciones fiscales vigentes aplazando la decisión de bajar impuestos a un momento más favorable y avanzar hacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Al respecto, Carnero aseveró que “ha llegado el momento de iniciar nuestra hoja de ruta, sin perder de vista el principio de prudencia financiera». «Por ello, adoptamos en este momento un conjunto de modificaciones que iremos ampliando en sucesivos ejercicios fieles al compromiso que hemos asumido con los vecinos”, dijo.

Además, el regidor destacó la creación de la figura del Defensor del Contribuyente como instrumento de refuerzo al ejercicio de esos derechos ciudadanos, de forma que puedan estos, de manera ágil y sencilla, ver efectivamente resueltas las quejas, reclamaciones o sugerencias que deseen formular como consecuencia de sus relaciones tributarias con el Ayuntamiento.

Junto a la reducción del IBI, se introduce la bonificación del 50 por ciento por la instalación de placas solares en la cuota íntegra del impuesto durante los cuatro primeros años siguientes a la finalización de la instalación, hasta un límite de 250 euros anuales para inmuebles de uso residencial y 2.000 euros para el resto de los usos. Además, se incrementa la bonificación para los inmuebles de los organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria a un 30 por ciento.

En el caso de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías municipales (ORA), las familias con hijos menores de 0 a 3 años y las familias numerosas de categoría especial (más de tres hijos), en ambos casos empadronadas en Valladolid, podrán aparcar sin coste (de manera gratuita) en las zonas ORA al establecerse una exención en la ordenanza reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos en las zonas de estacionamiento regulado.

Además, se acordó modificar la Ordenanza reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía), en la parte relativa a los coeficientes de estimación objetiva, haciendo una remisión genérica a los coeficientes aprobados por la normativa estatal en cada momento, a los que se aplicarán por voluntad de este equipo de Gobierno una rebaja del 12 por ciento.

Para simplificar y mejorar la gestión del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), se minora el tipo de gravamen un 2,5 por ciento, que pasa del 4 al 3,9 por ciento; y se elimina la deducción del importe satisfecho en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos.

En el caso de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios urbanísticos, se mejora el sistema de tarifas vigente. Para ello se sustituye el presupuesto de ejecución material como base de cálculo de la cuota tributaria por el de superficie construida. La modificación conlleva una minoración de cuotas que tiene que abonar el ciudadano, favoreciendo la actividad económica y evitando situaciones indeseadas.

También como novedad se incorpora un nuevo supuesto de exención para aquellas obras destinadas a actuaciones de urgencia para garantizar la seguridad e integridad de los edificios, construcciones e instalaciones, derivadas de siniestros, desastres, catástrofes o cataclismos.

Del mismo modo, se modificará la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias ambientales y de actividades sometidas al régimen de comunicación, con el objetivo de mejorar la claridad en el contenido de la ordenanza y en aras a un mejor entendimiento y aplicación de la misma. A ello se suma la actualización del callejero de tasas, con el alta, clasificación e incorporación de las nuevas vías públicas y cambio de denominación de otras, de conformidad con las Disposiciones Comunes de la ordenanza fiscal reguladora.

Defensor del Contribuyente

El Defensor del Contribuyente tendrá como objetivo principal ofrecer una mayor garantía a los derechos de los contribuyentes y que basará su funcionamiento en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad.

Actuará sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias referidas a los tributos municipales, tanto en sentido estricto (impuestos, tasas y contribuciones especiales), como con las relacionadas con los precios públicos exigidos por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos y también con las relativas a cualquiera otra exacción de derecho público que se reclame por la Administración Municipal en vía ejecutiva.

En el ejercicio de sus funciones supervisará la respuesta que ofrezcan las unidades municipales a las reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos, requiriendo de aquellas las correcciones necesarias si esa respuesta no resulte adecuada, pudiendo incluso plantear, de oficio, reclamaciones en queja ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Tendrá también entre sus funciones la de informar las quejas formuladas por los ciudadanos, en el ámbito de sus competencias, con carácter previo al dictamen de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones; formular las recomendaciones, propuestas e informes en relación con la función genérica de defensa del contribuyente, así como las de proponer las modificaciones normativas o procedimentales que se consideren pertinentes para la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos; siempre en el ámbito de sus competencias.

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