El histórico de UGT Fernández Villa será juzgado por apropiación en 2018

El histórico ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el ex secretario de la Fundación Infide Pedro Castillejo serán juzgados por un presunto delito continuado de apropiación indebida.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha informado de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha dado por cerrada la instrucción, una vez que ha recibido el escrito de la defensa, así como la resolución de los recursos que quedaban pendientes de aportar a la causa. El Juzgado ha elevado la causa a la Audiencia Provincial de Asturias para su posterior reparto y señalamiento.

Según ha avanzado el TSJA, el juicio será señalado previsiblemente dentro del primer semestre de 2018. La jueza ya había decretado el pasado mes de mayo la apertura de juicio oral contra Fernández Villa y Castillejo en la causa iniciada a partir de la querella por apropiación indebida presentada por el sindicato, con la imposición de una fianza de 434.158 euros al primero y de 119.434 euros al segundo, por los importes presuntamente apropiados.

Además de las correspondientes indemnizaciones, la Fiscalía solicita en este caso cinco años de cárcel para Fernández Villa y tres y medio para Castillejo, unas penas que la acusación particular del sindicato, representada por el despacho Ontier, eleva a seis y cinco años de prisión, respectivamente.

Según el fiscal, el que fuera líder del sindicato minero durante más de 35 años ejercía una «posición de dominio absoluto» en la organización y era quien tomaba todas las decisiones, incluida la de crear el Infide y poner a Castillejo al frente de ese organismo.

El Ministerio Público expone en su escrito de acusación que Fernández Villa, «aprovechando su posición de absoluto control de la entidad, ideó un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal» que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.

Al margen de este caso, Fernández Villa también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó tras la última amnistía fiscal, y es uno de los investigados en la denominada Operación Hulla, que ha puesto el foco en el supuesto desvío de fondos en la construcción de un geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad asturiana de Felechosa.