A eso añaden que una parte de la actual población, la más joven, no pudo votar la Constitución de 1978 para reclamar una reforma constitucional. La crisis catalana ha producido ya, como era de prever, un cambio en la agenda política en España, cuando antes de su estallido la superación de los efectos de las dos crisis económicas, junto con la construcción europea post Brexit y para afianzar el euro, eran los temas que iban a dominar el futuro debate político español.
La intentona separatista en Cataluña, con sus antecedentes parlamentarios arrollando a la oposición desde principios de septiembre 2017, ha puesto en el debate español políticas de muchos años atrás. La respuesta al separatismo no ha sido la violencia sino la necesidad de reafirmar el sentimiento patriótico español, para sorpresa de los separatistas. Los sectarios efectos de la politización nacionalista en la educación se presentan ya como una necesidad nacional.
El separatismo se percibe como el mayor riesgo de la democracia española. No es tanto, o no solo, un debate territorial como una necesidad de dotar al Estado democrático de los instrumentos necesarios para defenderse, antes de llegar a la aplicación del artículo 155 con la suspensión de la autonomía. Todos los españoles sabemos que el Estado de las Autonomías tuvo en su origen precisamente en dar a los nacionalistas catalanes y vascos un marco político para desarrollar su autogobierno. Hoy, transcurridos 40 años, desarrollado totalmente el Estado autonómico la pregunta es si el nacionalismo es de fiar, para la democracia española.
Seguramente este debate no era el que Podemos y sus socios tenían en mente como segunda transición. Este tema parece que traspasa la división política, social y la separación ideológica de izquierda frente a derecha. Así, Podemos podría ser el partido estatal más afectado por la crisis separatista catalana, teniendo que suspender a su propia dirección en esa comunidad por querer aliarse con los separatistas. Aunque el resultado de las elecciones convocadas para el 21 de diciembre dará inevitablemente una nueva luz a todo lo que estamos viviendo.
La aparente decisión de los partidos separatistas de acudir a esas elecciones convocadas por el Gobierno español, contradictorio sin duda con haber declarado la independencia de España, llevará a una legislatura catalana donde la independencia, o un sucedáneo confederal, serán de lo que se trate, si obtienen más escaños que los constitucionalistas. Como la legislatura pasada, pero más. En esas circunstancias el Parlamento Nacional tendrá que afrontar las distintas opciones de lo que será la segunda transición, con el tema de la unidad nacional más o menos explícito.