Una casa donde vivir

Tener una vivienda digna en la que habitar es uno de los derechos básicos de cualquier individuo. Lo recoge nuestra Constitución y, sobre todo, el sentido común. Pero, no nos engañemos, hoy en día es una tarea bastante complicada. Para comprar una vivienda el esfuerzo financiero es importante y no todo el mundo se lo puede permitir. Y todavía peor en grandes ciudades, donde esa adquisición nos supondría en torno al salario de ocho años. Un dato que se hace más sangrante cuando sabemos que en otros países con sueldos más altos, como Alemania, ese esfuerzo se reduce a la mitad, cuatro años. 

Así, la otra alternativa que se nos propone es el alquiler. Es este un campo en el que el gobierno entrante, al menos una de sus patas, propone algunas medidas que están levantando ampollas, entre ellas la limitación del precio del alquiler. Más allá de las quejas de los contrincantes políticos, tenemos ahora sobre la mesa un informe del Banco de España que pone ciertas reservas a esta medida. Dice que, en general, modera a corto plazo el precio del alquiler de la zona en la que interviene la norma, pero que, al mismo tiempo, puede subir el precio en otras áreas de la ciudad no reguladas. Habla el texto del supervisor también de problemas por las resistencias de los inquilinos, tribunales incluidos, desvío de la oferta o retirada de unidades del mercado.

En este punto, las posibilidades se desvían hacia el papel del sector público en la vivienda. En su análisis del Banco de España destaca su capacidad de influir en la oferta de vivienda, al ofrecer pisos a precios razonables, aunque lamenta que es una medida costosa para las arcas públicas. Sin embargo, ¿una de las economías más potentes del mundo no puede permitirse el gasto que permitiría a las nuevas generaciones formar un hogar en un contexto de sueldos bajos? ¿Cómo queremos que España tenga nuevas generaciones, que la natalidad suba, si no ponemos los mimbres imprescindibles para que los ciudadanos puedan planificar su vida con un mínimo de garantías?

Tenemos que mirarnos en el espejo de socios europeos como Austria. En su capital, ocho de cada 10 nuevos pisos están financiados por el sistema de vivienda pública y el 60% de la población vive en casas protegidas. La expansión de ese mercado subvencionado, para un bien básico, impide que los propietarios suban los precios introduciendo continuamente nueva competencia. Tampoco se pueden enarbolar problemas de flexibilidad legislativa, de hecho, Viena se apoya en una ley de 1917 para garantizar que quienes disfrutan de las viviendas sociales no pagan más de 8 euros por metro cuadrado. Se trata de buscar que no se pague más de un cuarto de la renta disponible. Que no nos engañen diciendo que estas medidas son propias de una dictadura comunista, una economía tan liberal como la austríaca es el mejor ejemplo de ello.