Saber gobernarse

Después de casi 60 años de éxito económico, no exento de problemas como una tasa promedio de desempleo del 16%, de ser uno de los países más dinámicos de la segunda parte del siglo XX, España chocó con la crisis financiera en su fase álgida entre 2010-14. Así cayó desde su nivel histórico más alto de renta en 2008 para no recuperarlo hasta 2019. Su primera década perdida en tres generaciones. En estas condiciones llegó la Covid 19 y con ella la peor recesión en un siglo.

Nuestros actuales responsables políticos no lo son ni de la pandemia ni de la crisis de 2010-14. Pero sus decisiones serán extraordinariamente relevantes, serán decisivas, para que España vuelva a ser un país próspero o no. Lo primero debería de ser reconocer la gravedad de la situación, lo segundo identificar las palancas que pueden ayudarnos en esta coyuntura. La primera es la pertenencia al euro, sin la cual estaríamos en suspensión de pagos y con una moneda en caída libre. La red de seguridad que nos está proporcionando el Banco Central Europeo comprando nuestra deuda, pública y privada, más la pertenencia al euro y al Mercado Interior son nuestras mayores, sino únicas, fortalezas. Cierto es que desde 1970 el proyecto europeo nos ha sido esencial, no solo económicamente. Pero, dado nuestros niveles de deuda, ahora somos totalmente dependientes de su cobertura sin la cual no seríamos viables. Todos los países pertenecientes a la Unión Europea y al euro se benefician por ello. Unos por el acceso al Mercado Único y tener la segunda moneda global, otros además reciben ayudas por encima de lo que contribuyen. La cuestión es si además nosotros somos capaces de tomar las decisiones necesarias o no. Desde nuestra entrada en el entonces Mercado Común en 1985 nos hemos beneficiado de ayudas, pero siempre nos hemos impuesto nuestra propia disciplina, salvo en 2010 y 2011, cuando públicamente las Autoridades Europeas nos exigieron medidas y cambios, incluso constitucionales.

Nuestros actuales responsables políticos no lo son ni de la pandemia ni de la crisis de 2010-14. Pero sus decisiones serán extraordinariamente relevantes, serán decisivas, para que España vuelva a ser un país próspero o no

Hasta que punto necesitamos ser dirigidos se va a comprobar en las próximas semanas, cuando hemos de plantear nuestros planes presupuestarios y de reformas. Si no son adecuados otros decidirán por nosotros. Ya nos paso en mayo de 2010 cuando nuestro nivel de deuda pública era menos de la mitad que hoy, pero nuestra tasa de desempleo había pasado del 8,7% % al 20% en tres años. La presentación esta semana de los planes del Gobierno es un primer paso que nos indica la estrategia que este quiere plantear. La realidad inevitable de un aumento del gasto y una histórica caída de los ingresos no vienen acompañada de la contención del gasto corriente no ligado a la crisis: sueldos, gasto estructural.

En España la remuneración media del sector público ya es mayor que la del privado sin riesgo de despido y con sanidad privada a su elección

Cuando el sector privado está en una caída abrupta de sus sueldos, el Estado aumenta los suyos de manera tendencial, cuando en España la remuneración media del sector público ya es mayor que la del privado sin riesgo de despido y con sanidad privada a su elección. En los primeros nueve meses de 2020, el sector privado ha destruido 800.000 empleos, sin tener en cuenta los ERTES mientras el público ha creado 100.000. El Gobierno apuesta por fomentar la capacidad de consumo de tres millones de empleados públicos y nueve de pensionistas, en vez de aumentar la empleabilidad de los cuatro millones de desempleados. Es una apuesta clara pero insostenible a medio plazo. La realidad es que con 16 millones de trabajadores privados y al menos 14 millones de perceptores de percepciones sociales el equilibrio es muy precario, insostenible.

El Gobierno apuesta por fomentar la capacidad de consumo de tres millones de empleados públicos y nueve de pensionistas, en vez de aumentar la empleabilidad de los cuatro millones de desempleados

Respecto a los ingresos, los incrementos de recaudación se hacen depender de unas previsiones poco creíbles, de aumento en 9.000 millones. Ya en 2019 las previsiones de ingresos para 2020 del Gobierno fueron rechazadas por la Comisión Europea. Esta no habrá olvidado este hecho, relevante ya que se trata del mismo equipo en ambos ejercicios. Un segundo rechazo sería muy grave para un país tan dependiente de la cobertura europea, situándonos en el grupo de los que además de ayuda requieren de dirección externa. Algo muy negativo para nuestro futuro.

Igual de sorprendente es la falta de alguna medida de incentivos a la inversión privada. La pública dependerá totalmente del Programa Europeo de Reconstrucción, cuya importancia radica de cuál sea su capacidad de movilizar apuesta privada, que según los últimos análisis del Fondo Monetario Internacional puede llegar a multiplicarse por 10. Pero no solo hay ausencia de nuevos incentivos a la inversión sino se están plantando restricciones. La famosa tasa sobre las transacciones financieras, ya en vigor, ha convertido a nuestra Bolsa en colista en la zona euro; a ello se suma la protección frente a Opas a nuestras cotizadas, gran noticia para sus Consejos de Administración pero no para sus accionistas con el riesgo de profundizar aún más la irrelevancia de nuestro mercado de capitales. El Gobierno ha anunciado también que en pocos meses intervendrá el mercado de alquileres en favor de los inquilinos, mensaje inequívoco para alejarse como inversor, cuando las políticas sociales las pagan unos pocos y no el Estado. Si este Gobierno no es partidario del inversión en Bolsa ni de la inmobiliaria, ¿cuál es su orientación para el ahorrador español? ¿la inmovilidad o el extranjero?

Todas las decisiones económicas tienen ganadores y perdedores, el mensaje gubernamental hoy es que su apuesta es por el sector publico, tanto en inversión como en consumo. No debería extrañarnos si parece poco sostenible a cualquier observador. Las familias españolas tienen 900.000 millones de euros en ahorro. El Gobierno prefiere no contar con él.