Confusión catalana

Transcurridos dos meses desde la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña y un mes desde que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución, los ciudadanos catalanes pro-independentistas no han tenido ningún motivo para sentirse reafirmados en sus ideas. Todos sus líderes han reconocido que la independencia era prematura, su declaración simbólica, que se carecía de preparación, que no había consenso social suficiente, además de generalizados acatamientos de la Constitución Española ante los jueces por parte de todos los líderes. La mayoría de las empresas más grandes y representativas, bastante calladas durante años, han abandonado Cataluña a las primeras de cambio, como lo han hecho miles de depositantes bancarios.

Podría decirse que ha habido un reconocimiento general de que se había mentido a los seguidores del independentismo, quienes sin embargo han estado años obedeciendo instrucciones para manifestarse, votar y hacer todo tipo de generosas aportaciones a su causa. Sorprendentemente, todo este cúmulo de reconocimientos de actuaciones irresponsables, si no falsarias, no ha venido acompañada de ninguna dimisión o renuncia a la vida pública, sino más bien al contrario. Prácticamente todos y cada uno de los antiguos líderes del procés se presentan a las elecciones del próximo día 21, aunque no se sabe todavía con qué programas, aceptando de manera expresa unas elecciones convocadas directamente por el Gobierno español, una vez disueltas las instituciones autonómicas catalanas. Pero sus compromisos judiciales hacen imposible que lo hagan con la declarada intención de proclamar la independencia otra vez. Todo esto dicho, las encuestas a día de hoy le otorgan a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la victoria relativa en los comicios.

Los partidarios de la unidad de España, que se movilizaron masivamente tanto en Cataluña como en el resto de España y lo hicieron sin ninguna instrucción ni cobertura de los partidos políticos, también tienen motivos para la perplejidad. Hay que reconocer que los poderes públicos españoles, es decir, Las Cortes y el Gobierno, han frenado desde la legalidad la intentona separatista después de que cientos de miles de españoles, el Rey incluido, más centenares de empresas catalanas demostraran a las claras su rechazo a la independencia.

Pero lo que el presidente Rajoy llama” vuelta a la normalidad” suena a regreso al statu quo, que indudablemente nos trajo hasta el 1 de octubre de 2017. Temas como el adoctrinamiento ideológico en la educación, en los medios públicos de comunicación, las ayudas a través de los Presupuestos regionales a la ideología independentista, la utilización partidista de la Administración empezando por la propia Policía Autonómica, hacen creer que todo seguirá igual hasta que una próxima mayoría parlamentaria en Cataluña tome decisiones. Tampoco se plantea, salvo por Ciudadanos, una nueva ley electoral que evite en el Congreso el actual plus nacionalista, que ha condicionado y condiciona la estabilidad de los sucesivos Gobiernos nacionales.

¿Está bien leído por el Gobierno, el PP y el PSOE el pensamiento de la población sobre qué ha sucedido en Cataluña? ¿Es esto lo que los españoles esperaban de la aplicación del artículo 155?

Tanto los independentistas como los constitucionalistas han tenido además un motivo común de perplejidad: la negociación del Cupo vasco en plena precampaña autonómica catalana, en las que pueden ser unas elecciones cruciales para todos. La singularidad foral vasca se reconoció en la Constitución durante los años más duros del ataque terrorista de ETA. Una Constitución, la de 1978, por cierto, no respaldada por el PNV. El resultado ha sido una financiación per cápita muy superior en los territorios forales que en los territorios de régimen común (más del doble, según los datos de un estudio de Ángel de la Fuente y otros expertos para el Ministerio de Hacienda).

Es decir, el Concierto vasco y el Convenio navarro producen mejor financiación autonómica que la que se aplica al resto de España. Clave para todo esto no es sólo la capacidad de regular y recaudar los tributos, sino la fijación cada cinco años del Cupo, o sea la aportación concreta quinquenal de las Diputaciones Forales Vascas a las arcas del Estado. Esto es lo que justo ahora se ha acordado, aprobado en lectura única en el Congreso, explícitamente como parte de un acuerdo político que incluye los Presupuestos del Estado para 2018 a cambio de una mejora en la financiación vasca (según Funcas, el cupo debería ser de 2.500 millones anuales, no de 1.300 millones).

¿Cabe mejor ejemplo de la politización de las decisiones territoriales? Los independentistas catalanes pueden afirmar que a unos se les aplica el artículo 155, pero a otros se les mejora el Cupo. Sería quizás demagógico pero parece verosímil. Los constitucionalistas pueden preguntarse si la situación actual tiene remedio con los actuales partidos. El PNV ha demostrado que casi todos los partidos estatales lo buscan y lo necesitan como socio, aceptando sus condiciones. ¿Avidez, maestría, sentido de la oportunidad? Todo esto se ha dado para debilitar la unidad territorial española. Los responsables nacionales lo remiten todo a unas futuras, ya retrasadas, negociaciones sobre la financiación autonómica, que cuando empiecen tendrán sobre la mesa la deuda acumulada de varias Comunidades Autónomas con el Estado durante los últimos cinco años: 217.000 millones.

Para ser justos, sólo un partido nacional se ha opuesto a este nuevo Cupo: Ciudadanos, primer partido en Cataluña pero sin representación en el País Vasco. Ciudadanos también ha sido quien ha planteado el adoctrinamiento ideológico en la educación, tema en el que el PP se le ha unido pero no así el Gobierno ni el PSOE.

Además, no parece que ni PSOE ni PP vayan a apoyar una presidencia de la Generalitat de Inés Arrimadas de Ciudadanos, hoy por hoy la primera fuerza constitucionalista en Cataluña. Aunque ambos necesitarán a Ciudadanos para gobernar ayuntamientos y autonomías después de las elecciones de 2019, todo parece indicar que caminamos hacia una gran decepción para todos –me refiero a los ciudadanos- como consecuencia de la crisis catalana. Esto es lo más grave.