Desestabilizaciones territoriales

Las Comunidades Autónomas españolas llevan  en vigor  en su conjunto casi 40 años. Independientemente de otras consideraciones sobre sus efectos en la unidad de mercado, el exceso regulatorio o la quiebra de una educación igual en toda España, las CCAA han sido fuente de estabilidad política, con Gobiernos que se han mantenido durante decenios, con mayorías socialistas hasta 1995 y del Partido Popular después. Los territorios con partidos nacionalistas o regionalistas fuertes han sido todavía más estables, sobre todo el País Vasco pero también aunque en menor medida Navarra y Cantabria. Cataluña fue extraordinariamente estable con Convergencia i Unió, para entrar en un proceso contrario a partir de la inclusión de la independencia entre las prioridades políticas, que ha acabado por convertirse en el eje de su debate político, lo que al parecer se va a reproducir con el nuevo Gobierno.

El reciente y creciente fraccionamiento de los mapas políticos regionales hace difícil la existencia de Gobiernos apoyados por un solo partido, con la excepción del caso del PP en Galicia. En las últimas semanas se ha acelerado un proceso de intentos de cambio de gobiernos en tres CCAA a través de mociones de censura. Los tres han fracasado pero han producido un precedente de inestabilidad con graves consecuencias. Pese a los designios soberanistas, las CCAA españolas como sus parientes federales en otros países, están centradas en la gestión más que en planteamientos ideológicos. Razón que explica, entre otras cosas, la estabilidad  de los Gobiernos a lo largo de varios periodos a la que me he referido antes. Continuidad en el tiempo ligada a una suficiente satisfacción de los votantes con el status quo. Algo equivalente sucede en los países federales. Estabilidad y eficacia de la descentralización política frente al centralismo.

La ultra politización de la vida regional y también de la local desplazaría la atención en la gestión hacia cuestiones ideológicas e identitarias. La colaboración del Gobierno de la Nación en estas operaciones puede resultar en aún mayor inestabilidad a nivel nacional. La duración de los Gobiernos no es un bien en sí mismo, dependerá sobre todo de lo que realicen con ella. La existencia de controles parlamentarios y libertad de expresión son ya en sí mismos garantía de control, como la independencia judicial y de los órganos de control de la propia Administración. El intento de establecer cambios políticos estructurales, constitucionales, a través de las CCAA ya sean lingüísticos o soberanistas anulará la atención en la gestión, en resolver los problemas de los ciudadanos para centrarse en construcciones nacionales. Ningún Estado Federal consiente tales desviaciones, tanto legalmente como por las respectivas opiniones públicas. En España sí se hace bajo el axioma de que “se puede defender todo en todos sitios”. Nada menos federal.

Los intentos de cambio de mayorías por pactos en mitad de legislaturas, lo que se denomina coloquialmente “mercadeo”, extiende la politización de la política regional más allá de los temas independentistas a regiones como Madrid, Castilla y León o Murcia. No es una buena noticia y va en la dirección contraria a lo deseable. No hay nada poco democrático en la utilidad práctica de los Gobiernos. Es más, resulta ser el principal atractivo de acercar la capacidad de decidir al ciudadano. Con la promulgación de más de 8.000 normas anuales, las CCAA suponen un riesgo serio de excesiva burocracia y reglas aplicables a mercados diminutos.  Por ello está más que cumplida la hora de dotar al Senado de capacidades normativas suficientes para legislar en temas autonómicos. Algo que sin duda no satisfará a los partidos independentistas, pero en todo caso sus ciudadanos y sus intereses económicos, comerciales, pero también sociales y sanitarios, entre otros, se proyectan mucho más allá de cada territorio autonómico, por lo que la existencia de reglas comunes es beneficiosa para todos.

Desde 1978 el las grandes crisis de nuestro sistema político han estado ligadas a planteamientos independentistas: ETA y el «procés». Ambos serios intentos de violentar nuestra Constitución, el primero además utilizando el terrorismo y el segundo un golpe de Estado desde un Gobierno autonómico. La respuesta de los sucesivos Gobiernos en ambos casos ha sido la aplicación de la ley. Sorprendentemente las respuestas políticas se han dejado a la iniciativa de las fuerzas separatistas. No podemos seguir así.

Ha habido varias ocasiones perdidas para acordar la instauración de un verdadero Estado Federal. Pero nunca es tarde. La alternancia de dos grandes partidos nacionales también en la mayoría de las CCAA, con dos excepciones nacionalistas, funcionó. Ahora que al parecer “ la nueva política” ha entrado en crisis parcial quizás sería una segunda oportunidad de definir el papel político de las CCAA dentro de un Estado verdaderamente federal, dejando claramente las cuestiones más políticas para ese nivel, tanto si les gusta a los independentistas como si no. En ningún país democrático se puede discutir todo en todos sitios, por algo será. Fomentar la estabilidad y la utilidad de nuestros Gobiernos Autonómicos debe formar parte de esa respuesta política.