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Rafael Jiménez

La vacuna está casi a punto pero ¿los ciudadanos quieren vacunarse?

Rafael Jiménez

El presidente del Gobierno ha anunciado  que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la estrategia de vacunación contra el coronavirus. Es más, está convencido de que una parte muy sustancial de la población españolas se vacune, con todas las garantías, en el primer semestre de 2021.

Pero una cosa es la voluntad política y otra la realidad.  Vaya por delante que me declaro provacunas y no pertenezco a ningún entramado conspiranoico que piense que las vacunas forman parte de un complot para controlar el mundo o que son la causa de males de raíz desconocida. Creo firmemente en su utilidad y en la conveniencia de utilizarlas, creo que salvan miles de vidas cada año y que no se puede frivolizar con ellas.

Pero eso no quita que comprenda las reticencias de muchos ciudadanos, casi la mitad de los españoles según el CIS, que preferirían no ponerse la vacuna . No sabemos cómo piensa afrontar el gobierno este reto. Como pista tenemos las declaraciones del ministro de Sanidad, quien, al menos de momento, rechaza la obligatoriedad apelando al fracaso de esta estrategia en otros países y a la buena tradición española en el ámbito de las vacunas. Otra posibilidad es que la obligatoriedad sea indirecta, que, por ejemplo, sólo puedas viajar si la tienes puesta…

No olvidemos que ni siquiera se sabe qué vacuna contra el coronavirus será la primera en emplearse en España, puesto que son varias las que están desarrollándose al mismo tiempo. Por ahora, Pfizer, Moderna y Astrazeneca, también conocida como vacuna de Oxford, parecen ser las mejor situadas ya no sólo por lo avanzado de sus investigaciones, sino también por los grandes resultados que han conseguido hasta ahora. No obstante, esta misma semana también empezará la fase III (la de la experimentación masiva) de otra vacuna, la de Johnson&Johnson, precisamente con miles de voluntarios españoles. Y están también Sanofi, Jannsen, Curevac…, o las que en principio no van a venir a Europa, la china, la sputnik V rusa, la cubana…

Si finalmente se opta por la obligatoriedad, entraremos en un debate legal. La ley Básica de Autonomía del Paciente reconoce el principio de autonomía de la voluntad. Y uno de sus artículos proclama el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos. Sin embargo, el texto supremo de nuestro sistema, la Constitución, en su artículo 43, habilita a los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Y también por encima de otras leyes «normales», se encuentra la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que, en su artículo 2, declara la posibilidad de las autoridades públicas de tomar cualquier tipo de medidas para preservar la salud pública, cuando se encuentre en peligro, particularmente en caso de epidemia o situaciones límite. Y si algo tiene esta coyuntura, es excepcionalidad y situaciones límite.

Tampoco podemos pasar por alto que habitualmente una vacuna tiene un desarrollo de entre diez y quince años y ahora vamos a tener donde elegir en apenas ocho meses. ¿Qué  nos hemos saltado? ¿Sólo procesos burocráticos inútiles? ¿seguro? Desde luego, si estos procesos no tienen lagunas, espero que no volvamos a tiempos tan dilatados en el futuro. Así, es comprensible, a pesar del miedo a los dramáticos efectos de la enfermedad, que muchos  duden y no tengan claro si se ponen la vacuna. En cualquier caso, el ministro de sanidad ha dejado como pista de los tiempos su intención de que los primeros en recibir la vacuna serán mayores, profesionales sanitarios y colectivos de riesgo. Al resto nos toca esperar, al menos, hasta el martes.