El mal llamado “Rescate Bancario”

A pesar de que reiteradamente se habla del “rescate bancario” en España, se debería hablar de rescate de cajas, no de bancos. El destinatario de las ayudas públicas y de los 41 mil millones de euros solicitados de préstamos procedentes de Europa ha sido el sector de cajas de ahorro. Eso sí, una vez se habían transformado en bancos.
Ninguno de los bancos tradicionales españoles ha recibido capital público, ni les ha costado dinero a los contribuyentes. Sus accionistas han sufrido continuas diluciones por las ampliaciones de capital realizadas. Los suscriptores de obligaciones obligatoriamente convertibles de muchos de estos bancos han perdido una parte de su inversión, pero sin cargo para el erario público. No se puede decir lo mismo de un número elevado de cajas de ahorro, existiendo honrosas excepciones. Las cajas no tenían accionistas, y su gestión ha estado, en numerosas ocasiones, excesivamente condicionada por motivaciones ajenas al interés de la entidad o de la consecución de beneficios que permitieran la generación de recursos para acometer la inestimable Obra Social de estas entidades. Sería más propio hablar del “rescate de cajas” que de rescate bancario.
La reestructuración del sector de cajas de ahorro se demoró en el tiempo con medidas iniciales que se han demostrado totalmente erróneas. Seguramente pocos se acuerdan ya de los SIP (Sistemas Institucionales de Protección) creados en 2010. Mediante los mismos se pretendía agrupar a distintas cajas de ahorro, pero sin acometer fusiones en toda regla, que al afectar a entidades localizadas en distintas comunidades autónomas podían ocasionar problemas políticos. Si se hubiese realizado la reestructuración entonces, el coste para las arcas públicas habría sido sensiblemente inferior.
Posteriormente se estableció un sistema por el que se obligaba a las cajas a convertirse en bancos. Una vez convertidos en bancos, y tras la realización de diversos test de estrés, se procedió a solicitar el “rescate bancario” a Europa, para inyectar recursos en algunas de las cajas de ahorro convertidas en bancos.
Tanto los bancos como las cajas de ahorros, al cerrarse los mercados de financiación tras la quiebra de Lehman, recibieron avales para poder emitir bonos con los que financiarse. Dichos avales suponían un riesgo cierto de tener que aportar recursos públicos en caso de insolvencias de las entidades. Afortunadamente dicho riesgo, por el que se cobró, no se ha llegado a materializar. Es innegable que esta ayuda la recibieron también los bancos tradicionales, pero al no materializarse el riesgo, no supuso ningún coste para las arcas públicas.
Se suele argumentar que todos los bancos, tanto los tradicionales como los procedentes de cajas, están recibiendo préstamos fáciles del BCE que no destinan al crédito, sino a comprar deuda pública. Es cierto, pero no es un hecho casual. Cuando en noviembre de 2011 el BCE inaugura la barra libre de liquidez para la banca (con las LTRO), evita que los distintos Estados de la periferia, entre ellos España, tuvieran serios problemas para colocar su deuda pública. En definitiva, los Estados fueron muy beneficiados por esta medida, al conseguir colocar sus crecientes emisiones de bonos soberanos. Es innegable que la banca ha obtenido un beneficio fácil por esta operativa, pero es un sistema que permite a los Estados colocar sus emisiones de deuda.
La reestructuración de la banca tradicional la han sufrido principalmente sus accionistas, no las arcas públicas. Denominar a la reestructuración de las cajas de ahorro “rescate bancario” llama a engaño y crea una sensación de que toda la banca ha sido ayudada con dinero público, lo cual no es cierto. Los bancos tradicionales con accionistas han hecho recaer su ajuste principalmente sobre sus accionistas. Si no, que se lo pregunten a éstos.