Por sorpresa

Por sorpresa

24 enero, 2021
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Actualizado: 25 enero, 2021 10:14
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Todo indica que el Gobierno está dando amparo legal a la ocupación ilegal de pisos con el último cambio normativo realizado en el Decreto de Ley Antidesahucios. Un cambio normativo que ha cogido a todos por sorpresa.

Los expertos consultados esta semana aseguran que se trata de un cambio en las reglas de juego a mitad del partido y que todo tiene una explicación política; mejor dicho, forma parte del juego político del Gobierno: tú cedes, yo te doy mi apoyo político. Sencillo de entender. Lo que ya no es tan sencillo de entender es el peligro que entraña este juego para el sector inmobiliario, porque pone en peligro la seguridad jurídica.

¿Cómo se protege a los más desfavorecidos, a aquellos que no pueden acceder a una vivienda por encontrarse en una situación de vulnerabilidad? Pues poniendo más vivienda social en el mercado que se regule y favorezca a todos.

¿Es negociable esta opción? Parece que no. La opción es regular la vulnerabilidad a golpe de decreto metiendo a todos en el mismo saco para que se peleen. Pero esto no es proteger la vulnerabilidad de los más necesitados, sino saltar al vacío; y demuestra que la capacidad de gestión del Gobierno sobre temas delicados en materia de vivienda se hace a golpe de decreto. Así se lava las manos y que decidan los jueces en el caso de que se ocupen las viviendas. En definitiva, se pasa la patata caliente  a los jueces para que decidan si es legal o no.

¿Cuanto se puede dilatar un procedimiento de desahucio desde que se interpone una demanda? Uno, dos o incluso tres años, y si esto le unimos a la lentitud en los juzgados, pónganse a temblar.

Este decreto da un pasaporte a los okupas, incluso a quienes hayan cometido un delito para que puedan ocupar una vivienda. Con esta eliminación de la restricción del delito prevista inicialmente en la prohibición de los desahucios, se protege a los ocupas que ya hayan delinquido.

Esta nueva regulación tiene sus consecuencias, porque será muy difícil que un propietario pueda lograr que se desahucie a quien haya cometido un delito para ocupar una vivienda de su propiedad sin utilizar, dicen, la violencia.

Esta solución de alfombra roja es, sin duda, la más acertada para quienes quieran ocupar una vivienda. En este caso, el decreto-ley del Gobierno no es que favorezca a los más vulnerables, sino que favorece a los más sinvergüenzas.

Los expertos han alertado en reiteradas ocasiones de la indefensión de los propietarios frente a los okupas, al reducir enormemente la oferta de pisos en alquiler en nuestro país, lo que llevará a una subida de precios y a dificultar aún más el acceso a una vivienda a quienes ya tienen problemas para lograrlo.

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