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El agravamiento de la segunda oleada de la pandemia en toda Europa ha llevado a numerosos países a endurecer las restricciones de la movilidad.

Esta reclusión obligatoria de la mayoría de la población durante varios meses  y su posterior desescalada con la puesta en marcha de nuevas restricciones a partir de agosto, están hundiendo la demanda y la facturación de muchas actividades económicas como el comercio, la hostelería, el ocio y sobre todo las que dependen del turismo.

Otra parada económica forzosa como resultado de un nuevo confinamiento de la mayoría de la población en sus domicilios sería insoportable para buena parte de las compañías, pero sobre todo para las pequeñas y medianas y también para los autónomos.

Y las expectativas no son buenas, hasta el punto de que el BCE ya ha alertado del riesgo de una nueva contracción del PIB de la zona euro. Esto vuelve a situar en primer plano las políticas de apoyo al tejido productivo y el sostenimiento del empleo, y también las reformas estructurales para impulsar la recuperación.

Este es el motivo por el que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han pedido en su reunión de esta semana el desbloqueo de las negociaciones respecto al Fondo de recuperación de la UE, que siguen atascadas por las diferencias entre el Consejo y el Parlamento europeo sobre su ambición y sobre las condiciones de entrega del dinero a los países beneficiarios.

El retraso en la puesta en marcha del mecanismo anticrisis comprometería los planes de gobiernos como el español, que ha basado en la llegada de los fondos comunitarios su plan para impulsar el crecimiento de la economía en 2021, por más que Bruselas haya abierto la puerta a que los Estados emitan deuda para obtener esos recursos de forma anticipada.

Sobre todo porque una recaída en la recesión podría obligar a incrementar los recursos o revisar las prioridades para hacer frente a un escenario bastante peor de lo previsto hace unos meses, cuando se diseñó el Fondo de la UE.