ICAL
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, insistió hoy en pedir el apoyo al Parlamento regional al proyecto de presupuestos de la Comunidad para “dejar un mejor escenario y mayor estabilidad para el gobierno que resulte de las próximas elecciones autonómicas”.
Carlos Fernández Carriedo volvió a señalar que su “mano está tendida para intentar alcanzar el acuerdo más amplio posible”. “Un acuerdo en el que no queremos excluir a nadie, y en el que todos los partidos con representación parlamentaria están invitados a participar”, dijo.
El consejero afirmó que confía “especialmente” en la “responsabilidad” y en el “compromiso” de los grupos con Castilla y León, y en que analizarán las cuentas “por su contenido, y no por el interés de cada partido”, y en que decidirán su voto “pensando en el interés de esta Comunidad, y no en las próximas elecciones”.
Carriedo abrió la semana de comparecencias de los consejeros en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde destacó que seguirán “ofreciendo la máxima información y transparencia” sobre unas cuentas dotadas con 15.715,61 millones de euros, “el presupuesto más elevado de la historia”, con un crecimiento del 7,9 por ciento respecto al prorrogado de 2024, como recoge Ical.
“Más allá de todas estas cifras está nuestro deseo de seguir avanzando en la mejora de Castilla y León. Que estos presupuestos sean útiles para las personas de nuestra Comunidad. Que sirvan para facilitar la puesta en marcha de importantes medidas en apoyo a las personas, las familias, los trabajadores y autónomos, los agricultores y ganaderos, las empresas y los municipios”, dijo Carriedo a los grupos, con los que iniciará negociaciones para intentar sacar adelantes las grandes cifras de la Comunidad los próximos días, al carecer de mayoría parlamentaria el PP.
Carlos Fernández Carriedo explicó que las cuentas diseñadas por su Ejecutivo en un contexto económico condicionado tanto por el impacto de las medidas de política arancelaria impuestas por Estados Unidos, como por los riesgos derivados de las tensiones geopolíticas y el modo en que pueden afectar a las relaciones económicas. A todo esto, lamentó, “en nuestro país se unen otros condicionantes, siendo los principales la inestabilidad política, las dificultades de muchas familias y la situación de la vivienda”.
El consejero recordó el marco macroeconómico de las grandes cifras de la autonomía para el año que viene, con una previsión de crecimiento del 2,2 por ciento, seis menos que el dato para 2025; una tasas de paro del ocho por ciento; y un crecimiento del empleo del 1,8 por ciento. Asimismo, las cuentas asumen un déficit del 0,1 por ciento, conforme al último Consejo de Política Fiscal y Financiera de 2024; y una deuda por debajo del 18,5 por ciento.
Consejerías
Carlos Fernández Carriedo se congratuló porque en todas las consejerías sube el presupuesto con respecto al vigente. En su conjunto, dispondrán de 12.932 millones de euros, un 9,4 por ciento más que en el último presupuesto aprobado. Las consejerías que más incrementan sus recursos, dijo, son la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Además, aplaudió que las consejerías del área social son las que absorben el mayor volumen del presupuesto, que refleja también “importantes aumentos”, superando por primera vez Sanidad los 5.000 millones de dotación, Educación los 3.000 millones y Familia e Igualdad de Oportunidades los 1.500 millones de euros, con los que seguir prestando servicios públicos de excelencia.
“Es un presupuesto inversor, donde los gastos de capital aumentan un 12 por ciento, hasta alcanzar los 2.549 millones de euros”, trasladó a la cámara el consejero.
Por último, puso de relieve que en 2026, Castilla y León disfrutará de la fiscalidad “más baja de su historia”, con unos beneficios fiscales cuantificados en 778 millones de euros que favorecerán a 621.000 personas. Al respecto, explicó que los cambios legales que ha impulsado en los últimos años el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco se mantienen vigentes. “Desde que Alfonso Fernández Mañueco es presidente de esta Comunidad hemos aprobado 34 rebajas tributarias en Castilla y León, frente a las 96 subidas de impuestos y cotizaciones del Gobierno de la Nación”, sentenció.
Modelo de financiación y condonación
El consejero no desaprovechó la ocasión -“no me voy a cansar de insistir”, dijo-, para exigir de nuevo una reforma “a fondo” del actual modelo de financiación, que se aprobó hace ya 16 años, con una vigencia hasta 2024, y que “ha quedado desfasado”. El consejero portavoz denunció que este modelo “muestra una infrafinanciación derivada de razones demográficas y territoriales” que impacta “especialmente” en Castilla y León.
Un sistema que, dijo, “no garantiza la dotación de fondos precisa para la prestación de los servicios públicos en la Comunidad”, para recordar que un informe del Consejo de Cuenta revela una insuficiencia acumulada entre 2009 y 2021 de 6.722 millones de euros.
También en clave nacional, el consejero volvió a cargar contra el Anteproyecto de Ley Orgánica de condonación de la deuda autonómica, puesto que, recalcó, “supondría que cada castellano y leonés pasaría a deber 523 euros más, únicamente como pago de un precio político a cambio de una investidura”.
Deuda
Carriedo se detuvo en el capítulo de deuda y concretó que los pasivos financieros 1.439,6 millones de euros, un importe “muy similar” al del último presupuesto, lo que responde al “objetivo estratégico de tener un perfil homogéneo de vencimientos, de forma que la apelación al endeudamiento se mantenga en volúmenes similares anualmente, minimizando así mismo el riesgo de refinanciación, especialmente en años con subidas de tipos de interés”.
Del total de pasivos, 346 millones de euros corresponden a los vencimientos de cuatro emisiones de deuda, de entre las que destaca por su volumen la realizada en 2016 por importe de 246 millones de euros, a un plazo de 10 años y concertada a un tipo de interés fijo del 1,2 por ciento. Asimismo 197,8 millones de euros irán destinados a reembolsar el préstamo concertado en 2020 con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas a través del compartimento de Facilidad Financiera. 63,2 millones de euros son amortizaciones parciales de varios préstamos suscritos con entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Los restantes 832,6 millones de euros están ligados en su práctica totalidad a la devolución del principal de diversos préstamos formalizados con 15 entidades financieras y al reembolso de un préstamo articulado mediante un convenio interadministraciones.
“Todo ello es una buena muestra de la significativa diversificación que caracteriza la cartera de deuda de la Administración General de la Comunidad, al contar con una amplia base inversora, fruto de la recurrente presencia de Castilla y León en los mercados de capitales para cubrir las necesidades de endeudamiento, siendo excepcional la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera”, dijo.
En cuanto a los gastos financieros, los intereses, Carriedo indicó que su importe se sitúa en niveles “moderados” con respecto tanto al presupuesto total previsto para el próximo año como al volumen de gasto no financiero, con 381 millones. De ese volumen, 284,5 millones de euros están ligados a préstamos, y los 96,5 millones de euros restantes se corresponden con deuda instrumentada en títulos valores.
El portavoz comentó que prevén que las condiciones de financiación del próximo año “continuarán siendo similares a las de 2025, sobre la base de que “el ciclo de recortes en el precio oficial del dinero que ha venido aplicando el Banco Central Europeo desde mediados de 2024 podría haber llegado a su fin, ya que tras sucesivas bajadas hasta el mes de junio, los tipos de interés se han mantenido estables y se prevé que continúen así en un futuro”. Sin embargo, recordó que estos niveles son “significativamente más altos” que los de las operaciones que corresponde ahora amortizar, con tipos incluso del cero por ciento, por lo que “obviamente la factura por intereses podría aumentar”.
