ICAL
Durante trece meses, entre enero de 2025 y febrero de 2026, la consultora BeConfluence ha analizado la “huella digital” de los castellanoleoneses a través de su herramienta Facttory, una tecnología “propia” que rastrea en internet “todos los datos y las búsquedas con participación activa que dejan los usuarios” con el objetivo de realizar “un análisis de tendencias y estado de ánimo social”. Los resultados, presentados hoy en Valladolid en la sede de la Fundación TecnoVitae, llevan a la consultora a concluir que el “abandono sanitario”, la “ruina total para el campo provocada por Mercosur”, las “escasas expectativas” de los jóvenes que buscan empleo y la gestión forestal y de prevención de incendios son, en ese orden, los principales problemas “urgentes” que deberá solucionar el próximo Ejecutivo autonómico que salga de las urnas el 15 de marzo.
El director de desarrollo estratégico de Be confluence, Álvaro Garrido, fue el encargado de desvelar el contenido del estudio, que “no es una encuesta al uso, sino un informe de ‘big data’ a partir del uso cotidiano de internet, a través de las búsquedas, el uso de IA, los comentarios a noticias de periódicos o las intervenciones en blogs”. Según apuntó en declaraciones recogidas por Ical, se trata de “un análisis riguroso del comportamiento digital de 1,35 millones de personas rastreadas en Castilla y León, a partir del análisis de 44 millones de datos recabados con 70 apis”, que según el también socio de la consultora, José López Jaraba, refleja “las opiniones, sensaciones, pesares y preocupaciones de la población de la Comunidad”.
El estudio determina que la mayor prioridad de los políticos en la autonomía debería ser “frenar el abandono sanitario”, un tema que emana del rastro digital del 38,4 por ciento de la población analizada. En ese sentido, el rastreo apunta que el 41 por ciento de los usuarios considera las listas de espera y la falta de médicos como el problema más acuciante, mientras que el 46,5 por ciento lamenta el “desmantelamiento sanitario” que se vive en la autonomía, donde el estudio concluye que “más de 700.000 castellanoleoneses temen por su vida” y alrededor de 300.000 personas “creen que no llegarían vivas al hospital más cercano en caso de urgencia grave”.
En el ranking de prioridades, el 24,2 por ciento estima que el principal problema sería la rentabilidad del campo y vería a Bruselas como “una amenaza” para las explotaciones castellanoleonesas. Al respecto, sobre una muestra de 432.140 personas, dos de cada tres consideran que el acuerdo con Mercosur conllevará “la ruina total” del agro, mientras que el 21,2 por ciento lo mira con escepticismo y solo para el 10 por ciento podría suponer una oportunidad de mercado. Respecto a Bruselas, el 37,8 por ciento está convencido de que la UE les “ataca” con la hiper regulación, mientras que para el 32,1 por ciento es “un mal necesario” por la dependencia de la PAC.
La tercera “prioridad urgente” para el nuevo Ejecutivo, con el 18,5 por ciento de protagonismo para el total de la muestra analizada, debería ser el empleo joven y la retención de talento. Al respecto, sobre una muestra de 783.250 usuarios de dispositivos de internet, el 48,2 por ciento tiene una sensación “negativa” de estancamiento, donde “todo sigue igual de mal”, en palabras de Garrido. Además, para otro 31,5 por ciento la sensación es de “empeoramiento, con pérdida de poder adquisitivo”. Entre este colectivo, y restringiendo el análisis a un ‘target’ de 445.646 usuarios con entre 16 y 36 años, el 56,8 por ciento de ellos convive con la convicción de que necesita salir de la Comunidad para buscar un futuro laboral, mientras que para uno de cada cuatro la “única salida estable” en esta tierra es la posibilidad de opositar, y solo el 12,4 por ciento contempla la situación con optimismo y tiene clara la opción de permanecer en el territorio.
La cuarta de las prioridades del votante sería, de acuerdo con el análisis, la gestión forestal y la política de prevención de incendios en Castilla y León, con el convencimiento de que “los incendios los provocan la falta de mantenimiento del monte” (así lo estimaría el 55,8 por ciento de la muestra total) y la cada vez más escasa ganadería y pastoreo (de acuerdo con el 22,4 por ciento), mientras que el 12,3 por ciento lo achaca a los pirómanos y solo el 9,5 por ciento al cambio climático.
En el reparto de prioridades, el 7,3 por ciento restante se decantaría como prioridad para el Ejecutivo por la cuestión territorial. En este aspecto, el 42,5 por ciento de los usuarios estudiados contempla con indiferencia la posibilidad de que León se independice, el 31,2 por ciento siente empatía y considera que “Valladolid acapara todo” y el 18,4 por ciento considera “un error” la posibilidad de “dividir fuerzas”. Si se ciñe la muestra a los 260.635 usuarios analizados en la provincia de León, el 58 por ciento respaldaría la separación de León, mientras que el 21,9 por ciento se muestra en contra y habría un 20,1 por ciento de indecisos.
Relación con el Estado e inmigración
Por otra parte, el informe también se detiene en la percepción de la relación de los ciudadanos con el Estado, y el 48,6 por ciento de las personas estudiadas está “convencido” de que “el Gobierno central compra votos en Cataluña y País Vasco con el dinero que le quita a Castilla y León”, mientras que el 31,2 por ciento considera que el Ejecutivo central “solo se acuerda de Castilla y León cuando hay incendios o elecciones” y el 12,5 por ciento estima que el trato que se dispensa a la autonomía es común al del resto de España.
Entre un total de 918.300 usuarios analizados por la consultora, el 52,4 por ciento cree que los problemas de los castellanos y leoneses se deben a la financiación singular de Cataluña, mientras que el 26,8 por ciento recela de Madrid, que “roba población y empresas” a la autonomía, mientras que el 14,3 por ciento (principalmente en el norte de Burgos y de León) señala al País Vasco como foco principal de los problemas de financiación de Castilla y León y solo el 6,5 por ciento culpa al Gobierno de “permitir y fomentar las desigualdades”.
Por último, el análisis dedica un apartado a la percepción del fenómeno de la inmigración en función de las franjas de edad. Ese modo, entre los 297.097 usuarios que tendrían entre 16 y 28 años, pertenecientes a la Generación Z, el 38,5 por ciento defiende la diversidad y el 32,4 por ciento se preocupa por la seguridad en especial durante el ocio nocturno; entre los 324.106 millennial o Generación Y, de 29 a 44 años, el 45,6 por ciento está preocupado porque “a cambio de su pago de impuestos no reciben nada, mientras que los inmigrantes llegan y les dan todo gratis”, mientras que el 25,2 por ciento teme que la mano de obra barata tire al suelo los salarios; entre la Generación X (45 a 61 años), el 42,8 por ciento teme que la inmigración sature el sistema sanitario y el resto de servicios públicos, y el 28,4 por ciento está preocupado por los robos en viviendas y comercios; y entre quienes tiene de 62 a 73 años o baby boomers, el 52,4 por ciento manifiesta en su huella digital el miedo a la inseguridad y la okupación, y el 31,5 por ciento relaciona la inmigración con la pérdida de valores y tradiciones.
Cuestionados sobre la conexión de los resultados de estudios similares que han presentado anteriormente en Extremadura y Aragón, antes de la celebración allí de elecciones autonómicas, y la relación con los posteriores resultados en las urnas, Garrido recalcó que “esto no es un estudio electoral, pero las tendencias son las que son”. “La tendencia socieconómica en Extremadura y Aragón puede ser similar a la de Castilla y León, con quien pueden compartir problemas similares”. En ese sentido, López Jaraba explicó que “es evidente el desánimo que pesa sobre la sociedad castellana y leonesa”. “Lo detectado en Aragón y Extremadura tuvo un reflejo electoral que no sé si aquí será similar, pero es la tendencia que estamos detectando”, concluyó.