Mariluz Martínez / ICAL
El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, criticó hoy en Burgos el concierto económico “injusto e insolidario” que regula las relaciones tributarias y financieras entre el Estado y el País Vasco, que hace que “la riqueza y prosperidad” se vaya a esta Comunidad “que hace competencia desleal” en detrimento de provincias de Castilla y León como Burgos.
Buxadé atendió a los medios de comunicación con motivo de su visita la ciudad de Burgos, acompañado por el presidente provincial y candidato de Vox por la provincia de Burgos, Iñaki Sicilia, antes de trasladarse al Parque Tecnológico de Burgos, un proyecto que acumula alrededor de 20 años de retraso, y cuyos trabajos de urbanización ya están prácticamente finalizados.
En este contexto, se preguntó: “¿Qué ha sucedido con el Parque Tecnológico de Burgos?, además de “¿dónde están los proyectos?” y “¿dónde están los incentivos fiscales y administrativos para que las empresas puedan establecerse en Burgos, crear riqueza y crear prosperidad?”. Sin embargo, lamentó que “esa riqueza y esa prosperidad se va a unos pocos kilómetros más allá, a una región de España que hace competencia desleal con un concierto económico injusto e insolidario”.
Y por eso, subrayó, le “llama poderosamente la atención” que ayer el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, “llamase a la lealtad con Euskadi”, tras haber mantenido recientemente una conversación con el presidente del PNV, Aitor Esteban. “Lo que queremos es lealtad con España, con todas y cada una de las provincias de España y, por tanto, con todas y cada una de las provincias de Castilla y León”, espetó.
Por otro lado, el jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo también habló de seguridad, en una ciudad donde, según expuso, los delitos contra la libertad sexual crecieron un 20 por ciento en el último año, y un 80 por ciento en Aranda de Duero. Por eso, afirmó que Vox “tiene claro lo que hay que hacer”.
“Queremos deportaciones inmediatas, que las órdenes de expulsión se puedan ejecutar de forma inmediata, que sea un delito entrar ilegalmente en el territorio nacional, que aquellos que cometen dos o más delitos sean deportados inmediatamente del territorio nacional, que toda condena por un delito superior a dos años de prisión lleve aparejada inmediatamente la expulsión del territorio nacional”, relató.
Asimismo, defendió que esta formación política quiere “centros de retorno de los inmigrantes ilegales” para “tenerlos concentrados a la espera de la expulsión”, así como “centros de retorno donde puedan estar un régimen de régimen cerrado, sin salir, sin perturbar la vida y la convivencia de los vecinos los meses que sean necesarios para que vuelvan a sus países de origen”.
Además, Buxadé abogó por que “haya una prohibición de entrada en el territorio nacional” y recordó que “cuando era abogado del Estado, las prohibiciones de entrada eran cinco años” pero advirtió de que Vox pretende que esa prohibición de entrada se extienda a todo el territorio de la Unión Europea (UE) y que “dure el tiempo que sea preciso”, incluso, añadió, “una prohibición permanente cuando esa persona la hemos expulsado por suponer un riesgo a la seguridad nacional”.
“Prohibición de percibir prestaciones sociales”
Asimismo, el responsable de la formación liderada por Santiago Abascal, persigue que “toda orden de expulsión lleve inmediatamente aparejada la prohibición de percibir prestaciones sociales y de percibir ayudas sociales”. “Que toda orden de expulsión lleve aparejada inmediatamente una circunstancia fundamental, que es evitar el fraude, que no pidan permiso de residencia o permiso de asilo para evitarlo”, aseveró. “Tú tienes tu orden de expulsión y tú te vas del territorio nacional”, apostilló.
Y por último, relató que Vox quiere que la inmigración ilegal “deje de ser un negocio para otros”, como por ejemplo, citó, “que quienes han entrado ilegalmente en el territorio nacional luego ponen un recurso contra la orden de expulsión, y encima los españoles les tienen que pagar el abogado”. “Nada de asistencia jurídica gratuita para aquellos que han asaltado nuestras fronteras”, exclamó.
Ordenación del territorio
Finalmente, recordó que son las comunidades autónomas las que tienen competencias en materia de ordenación del territorio, de urbanismo y de vivienda, para recalcar que “aquí no le podemos echar la culpa a Sánchez, o no le pueden echar la culpa a Sánchez los que gobiernan las comunidades autónomas”.
Esta semana, en Bruselas, recordó, se celebró un evento con el portavoz nacional de Vox de Vivienda, Carlos Hernández, donde “se ha demostrado, con la colaboración de socios húngaros e italianos, que es posible hacer las cosas distintas”. “Una política de vivienda pensando en las familias, en el crecimiento demográfico de los nuestros, que ponga la prioridad nacional por encima de todo para que la vivienda de protección oficial vaya a los españoles que lo necesitan”, subrayó.
Así, afirmó que “se puede ordenar la ciudad”, al tiempo que expresó el deseo de que quieren “ciudades amables”, y que “no son ciudades amables las que imponen zonas de bajas emisiones e imponen sanciones a los nacionales para circular en el territorio de nuestras propias ciudades”. “Y también la ordenación del territorio es competencia de las comunidades autónomas”, concluyó.