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La Junta de Castilla y León pidió hoy al Gobierno que actualice “pronto” las entregas a cuenta para este ejercicio después de que el denominado decreto ómnibus que fue rechazado ayer por el Congreso de los Diputados. De no hacerlo, contarían con las cantidades previstas los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, lo que supone 600,4 millones de euros menos de lo previsto.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el Real Decreto que fue tumbado este miércoles revisaba al alza las entregas a cuenta para este año, con una pequeño incremento respecto de las cantidades transferidas en 2024, debido a ajustes del sistema de financiación autonómica.
No obstante, el portavoz de la Junta explicó que las entregas a cuenta comunicadas en julio del pasado año para 2025 no estaban recogidas en el decreto ómnibus, lo que añadirían otros 750 millones. De esta forma, el portavoz de la Junta señaló que el Gobierno se retrotrae al presupuesto de 2023, de la anterior legislatura, por lo que demandó que llegado a este momento actualice estas cantidades en la cantidad correspondiente a la suma de 600 y 750 millones.
Esto, añadió Fernández Carriedo, está provocando un “perjuicio”, si bien el portavoz de la junta aseguró que no van a dejar de recibir “nada”, porque es un derecho que deriva da la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, que es “de obligado cumplimiento”. En el caso de que no pagara estas cantidades, avisó de que acudirían a los cauces necesarios para defender los intereses de la Comunidad. De esa forma, reconoció que están “convencidos” de que el Gobierno va a hacer frente a esos pagos porque no se puede “quedar” con el dinero para la sanidad, la educación, los servicios sociales y las competencias autonómicas.
“Pedimos que se haga pronto, no sólo se haga legalmente, sino que pronto se tenga esta garantía”, expuso Fernández Carriedo de que contarán con los 600 millones previstos en el decreto ómnibus, pero también con los 750 de las entregas a cuenta calculadas para 2025. Por ello, pidió también una norma que recoja esta actualización sin utilizar a pensionistas o usuarios del transporte como “moneda de cambio” para beneficiar a los “ocupas” o para “otorgar un palacete” a un partido.