ICAL
La Junta de Castilla y León llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que el Gobierno tendría que convocar a principios de este año según el compromiso que adquirió Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes del pasado 13 de diciembre en Santander, la reforma de la financiación autonómica, cuando el Ministerio sólo pretende abordar la quita de deuda a las autonomías.
“Lo pediremos, lo demandaremos”, dijo el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en Los Desayunos de Ical, donde recordó que también lograron incluir este asunto en el orden del día del último CPFF y de la Conferencia de Presidentes, gracias a la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, pero “sin lograr información alguna”.
Carlos Fernández Carriedo explicó que, como son mayoría de autonomías gobernadas por el PP, pueden incorporar algunos temas en estos foros para su debate, pero criticó que, cuando lo llevaron en julio al CPFF, salieron de la reunión como entraron, “con ninguna información”, y en la Conferencia de Presidentes, “no hubo ninguna información”. “No sé si para enero nos va a dar alguna, pero esta es una exigencia que tenemos encima de la mesa”, dijo en Los Desayunos de Ical.
El consejero portavoz razonó que el modelo de financiación es lo que importa abordar “urgentemente” porque lleva once años caducado y puso el foco en que no se trata de las autonomías sino de cómo se prestan los servicios públicos a los ciudadanos. “Nosotros tenemos un problema de financiación, no de endeudamiento”, dijo, para remarcar que el sistema se ha quedado “claramente antiguo” y las autonomías requieren recursos para financiar los servicios públicos esenciales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Carlos Fernández Carriedo razonó que el modelo concluyó su vigencia en 2014 y desde entonces “han cambiado mucho las cosas” ya que desde que se firmó en 2009, se ha pasado por una crisis económica, una pandemia y otra crisis de inflación y precios.
“El que se hable de quita de la deuda no es nuestra prioridad”, repitió, para poner sobre la mesa que Castilla y León está entre las autonomías menos endeudadas. Eso sí, quiso dejar claro que no se puede olvidar que lo que pretende el Gobierno no es perdonar la deuda, sino que se quite por una exigencia de los partidos separatistas que la “han generado”, pero “no desaparece”.
“La asumiremos el conjunto de los españoles. Esto es lo que se está hablando. Lo que quiere el Gobierno es que la deuda en la que han incurrido los partidos separatistas como consecuencia de un proceso separatista sea asumida por el conjunto de los españoles y, por tanto, por las personas de Castilla y León”, advirtió.
Una situación, prosiguió, que es “muy perjudicial para nosotros” porque “no se trata de perdonar deuda, se trata de que esa deuda la paguemos entre todos y por tanto también la paguemos las personas de Castilla y León”. Carriedo agregó que “sin saber hoy ni siquiera lo que se nos va a plantear” en la reunión del CPFF, “lo que se nos quiere decir es que hay algo muy perjudicial para Castilla y León, que es que como consecuencia de un pacto político con partidos separatistas, la deuda que han generado los partidos separatistas la pagamos todos los españoles, incluso aunque no tengamos ninguna responsabilidad en la generación de esa deuda”.
El consejero de Economía y Hacienda también criticó como otro punto negativo de la cita prevista que no saben “nada más” frente a unos partidos separatistas que “ya tienen asumido un compromiso por parte del Gobierno de un volumen de una cifra que los demás desconocemos cómo se va a aplicar ni qué efecto va a tener”. “Y es que se ha dicho que como consecuencia de un pacto con los partidos separatistas para la investidura del presidente del Gobierno, entre otras cosas, lo que se ha acordado es darles 15.000 millones de euros, mientras nadie más sabemos nada”, sentenció. “Solo hay dos noticias y las dos no son buenas para nosotros”, agregó.
El consejero lamentó también que tres años después de que Hacienda remitiera un borrador para la reforma del sistema para conocer la postura de las autonomías, a finales de 2021, y que la Comunidad respondiera en enero de 2022, “no se sepa nada”. “Se nos dio un mes para responder a un documento y llevamos tres años en que no se ha respondido formalmente a ninguna respuesta a ese documento”, lamentó.
Alquiler mensual
Eso sí, insistió en lo que sí se sabe, y es que La Moncloa “tiene un precio de alquiler mensual” y “lo está pagando religiosamente Pedro Sánchez a los partidos separatistas». El problema, continuó, es que “esa cuota no la paga él, la paga con lo que es de todos y esto lo estamos viendo desde el primer momento de esta legislatura”.
“Un día la cuota del alquiler es la amnistía; otro día la cesión de las competencias en inmigración; otro subir impuestos a todos los españoles pero no en algunas comunidades autónomas determinadas; otro condonar la deuda a exigencia de los partidos separatistas; otro el cuponazo separatista y un modelo de financiación separado; otro una agencia tributaria fragmentada en todo el territorio nacional; otro que lo más importante que tiene que defender el Gobierno de España en la Unión Europea es que en las instituciones europeas se hable catalán”, dibujó.
Carlos Fernández Carriedo también enmarcó en ese pago mensual del alquiler en La Moncloa la decisión de reparto adoptada dentro de la reforma fiscal sobre la recaudación del impuesto a la banca, bajo criterios de PIB, por el que cobrará más el que más tiene. Al respecto, puso de relieve que los impuestos los pagan los ciudadanos en función de sus capacidades y el Gobierno debe repartirlos con criterios solidarios donde más se necesiten.
“Es otra decisión profundamente injusta, para nosotros y para muchas comunidades autónomas de España”, dijo, para avanzar que estarán atentos a su aprobación definitiva en el Congreso, tras su paso por el Senado, que “seguramente lo rechazará” (tiene mayoría el PP), para presentar “un posible recurso” en defensa de los intereses de la Comunidad.
