ICAL
Dos peritos explicaron hoy que la utilización de sociedades vehículo es el “sistema más frecuente” para financiar y construir parques eólicos, así como para la tramitación de los proyectos, al ser una fórmula que no fue exclusiva de Castilla y León y de España, aclararon.
En su declaración de esta mañana en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada ‘trama eólica’, ambos detallaron su informe al respecto, que se trata de una prueba solicitada a instancia de la defensa de Patricio Llorente Muñoz.
Trasladaron que las sociedades vehículos “no son una creación del siglo XXI”, ya que se remontan a años anteriores, las cuales son la “forma más habitual que tienen los bancos de poder conceder financiación a un proyecto empresarial”.
Para ello, varias empresas crean un vehículo para que, de esa manera, el banco tenga una “plena visibilidad” de a qué se dedica esa empresa, a quién presta el dinero, sus activos, pasivos, ingresos, beneficios o pérdidas, enumeraron. “Se trata de un requerimiento de los bancos para conceder financiación. No es específico de los parques eólicos o solares, sino de cualquier proyecto empresarial y viene de hace muchos años, porque empezó en Estados Unidos hace muchos años”, añadieron.
Así, dejaron claro que esta metodología se centra en una razón estrictamente económica, incluso de exigencia de financiación, para tener las “cuentas claras”.
Socios locales
En relación a la denominada asociación con socios locales, ambos peritos confirmaron, igualmente, que se trata de una “actuación habitual”, donde grandes corporaciones energéticas se asocien con socios locales que conocen el terreno y la zona.
Por ello, señalaron que es habitual que se asocien con una participación minoritaria para que les ayuden en todo lo que es el conocimiento y la cercanía con el terreno donde se va a construir, como ocurrió con Iberdrola u otras grandes empresas con la Corporación Llorente o lo que sería el Grupo Collosa.
Además, reconocieron que es una práctica extendida por “todo el territorio nacional” y el resto del mundo, dado que las grandes corporaciones tienen sus centros de operaciones en urbes, por lo que “no tienen esa capilaridad que pueden tener esas pequeñas empresas que conocen in situ estos ayuntamientos o esas provincias donde se van a construir los parques”.
