El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha incluido en una pieza separada, denominada «pieza separada reservada PSOE», la información que el Partido Socialista le ha enviado sobre los pagos y encargos hechos a distintos abogados entre 2021 y 2025.
El juez que investiga el caso Leire, las presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, incluye esta información en una pieza a la que solo tendrá acceso la Fiscalía hasta que se finalice el análisis, atendiendo así en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, a la petición de los socialistas.
El PSOE, aunque defiende su total transparencia y colaboración con la Justica, no quiere dar información sobre esos pagos a los abogados de Leire Díez
En su escrito, el PSOE apuntaba a que esta información afecta al secreto profesional y también destacaba que esta formación está inmersa en un proceso electoral y la «difusión fragmentada o descontextualizada de esta información puede causar un perjuicio que una rectificación posterior no repara».
Según el escrito, el PSOE ha facilitado «la información identificativa y económica que permite verificar la realidad, el volumen y el destino del gasto en servicios jurídicos del PSOE, desembolsos que, por otra parte debemos precisar, han quedado sometidos a auditoría y están depositados en el Tribunal de Cuentas».
Lo hace en atención a una petición del juez Pedraz, que el pasado 23 de octubre solicitó al partido que identificase los servicios jurídicos y de asesoría jurídica contratados, prestados y abonados por el PSOE entre 2021 y 2025.
El PSOE ha aportado una relación de los profesionales y despachos contratados por los distintos órganos del partido en ese período, que recoge cada encargo «línea a línea», así como las facturas correspondientes a los mismos, «en aras a la absoluta colaboración con la justicia y el esclarecimiento de los hechos».
Secreto profesional, la excusa de los socialistas
Los socialistas sometieron la cuestión relativa al secreto profesional al Consejo General de la Abogacía Española, que, entre otros extremos, señaló que la protección «es máxima» respecto de los informes elaborados por el abogado y «parcial» respecto a las hojas de encargo, contratos y facturas, que admiten un expurgo.
El PSOE asume, por tanto, que «la invocación del secreto profesional debe ser concreta y no genérica» y reitera su «disposición y voluntad de colaborar», si bien apela a la conciliación entre «la finalidad de averiguación y comprobación perseguida con la salvaguarda del secreto profesional».
Destaca que la información aportada «no es inocua» y apunta a que «otras informaciones de esta causa han trascendido a los medios en ocasiones anteriores», razones por las que solicitó que se conserve en una pieza separada y reservada.


