El Tribunal de Cuentas ha acordado abrir una investigación para averiguar si existen irregularidades contables en los salarios que percibió David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con cargo a fondos públicos por el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial de Badajoz condenó en julio de 2026 a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa. Los sueldos que estaría obligado a devolver rondan o superan los 300.000 euros.
La Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público por un delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo en la Diputación pacense.
Al margen de este procedimiento penal -que ahora está en vía de recursos-, las acusaciones populares que ejercieron Iustitia Europa y Vox abrieron la vía de una eventual responsabilidad contable para que el Tribunal de Cuentas determine y, en su caso, ordene devolver las cantidades abonadas a David Sánchez y a su amigo Luis María Carrero, también condenado y que trabajó en la Diputación.
«Presuntos pagos carentes de justificación» del hermano de Sánchez, según el Tribunal de Cuentas
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la consejera Elena Hernáez considera que las denuncias presentadas se refieren a «presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hacen necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos».
Por ello, acuerda elevar las actuaciones a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que nombre un instructor que investigue los hechos.
Una decisión que, según explica la consejera, no supone «en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables», sino que es la vía en la que, «con todas las garantías, se procederá a la investigación de los hechos» y se determinará si hay o no responsabilidad contable.
Señala que no es el momento, en esta fase inicial del procedimiento, de «una decisión de fondo sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad contable», pero también que no se dan las condiciones para acordar el archivo, como solicitaba la Diputación de Badajoz.
Porque, según la doctrina del Tribunal de Cuentas, «el archivo exige que los hechos no reúnan las características que permiten, en una valoración inicial, apreciar la existencia de un presunto alcance de fondos o caudales públicos».
Y es eso lo que argumentó la Diputación pacense, al considerar que no se aprecia «menoscabo efectivo e individualizado en los fondos públicos provinciales» porque las retribuciones cuestionadas se recibieron por «servicios efectivamente prestados» y «funciones desarrolladas» por David Sánchez y Luis María Carrero, y porque, además, la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme.
El papel de la fiscalía
La Fiscalía, por contra, sí abogó por nombrar un instructor que investigue los hechos.
Por su parte, el portavoz del grupo popular en la Diputación pacense, Juan Antonio Barrios, también denunció y pidió incoar actuaciones previas, así como la organización Hazte Oír.
Los dos puestos de trabajo a los que se refieren las denuncias son el de coordinador de actividades de los conservatorios de música, después modificado a «jefe de la oficina de artes escénicas», en el caso de David Sánchez, y el de jefe de sección de coordinación de centros y actividades transfronterizas, en el de Luis María Carrero.
Las cantidades que se piden investigar difieren en los escritos: Vox habla de 280.845 euros percibidos por Sánchez entre 2017 y 2024; el PP hace una estimación «provisional, orientativa y no vinculante» de 416.798 euros percibidos por el hermano del presidente del Gobierno; y Hazte Oír los cifra 340.572 euros entre 2017 y 2025, misma cantidad que reflejó Iustitia Europa y la Fundación Abogados Cristianos, en base a la sentencia de la Audiencia Provincial.


