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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, recordó hoy al Gobierno de Castilla y León que la declaración de ‘zona tensionada’ respecto de los alquileres supondrá que los propietarios de las viviendas puedan bonificarse el 90 por ciento en sus rentas e implica que se baje el cinco por ciento del precio del alquiler.
Rodríguez, que visitó hoy el Ayuntamiento de Soria, ciudad en la que el Gobierno prevé construir 80 viviendas públicas, defendió que el departamento que dirige ofrece instrumentos para que bajen los alquileres con el objetivo de que la población pueda acceder a una vivienda en condiciones dignas.
“Lo hacemos con más viviendas, con más ayudas y de la mano de todas las administraciones. De hecho, con la administración autónoma de Castilla y León, el Ministerio que yo dirijo ha dispuesto ni más ni menos que 500 millones de euros para este aspecto”, defendió.
Rodríguez precisó que estos mecanismos de rebaja del precio del alquiler en ‘zonas tensionadas’ se han aplicado en comunidades autónomas como Cataluña, Euskadi y próximamente se desarrollarán en Navarra y han tenido resultados “positivos”, lo que demuestra, dijo, que “se puede regular para bajar el alquiler”.
“Esto está propiciando que en esas zonas se esté conteniendo la subida de precios; dando garantías a los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler y bajan esos precios, a través de bonificaciones fiscales”, destacó.
En este aspecto, manifestó que los instrumentos que se utilizarán para atajar el problema de la falta de vivienda en España pasa por aumentar el número de vivienda disponibles, una mayor regulación y mayores ayudas.
La ministra anunció hoy que el Gobierno, tal y como aprobó ayer el Consejo de Administración de Sepes, construirá en Soria 80 viviendas públicas en un suelo municipal calle Antonio de Nebrija con una inversión de casi 12 millones de euros.
El Ministerio procederá en los próximos meses a licitar el proyecto y será en la primavera de 2027 cuando previsiblemente estas viviendas estén a disposición de sus propietarios. A esta remesa de vivienda pública, se suma según la ministra, el impulso en la construcción de otras 40 viviendas en la ciudad a través del ‘Programa 6’ y la rehabilitación de la plaza de El Carmen y sus alrededores con una inversión de 3,5 millones y que permiten, además, la rehabilitación de alrededor de 140 casas por esta zona del casco viejo.
La ministra subrayó que el Gobierno apuesta por la Ley de Vivienda que permitirá regular y determinar que el suelo no es un “bien especulativo, sino que está al servicio del interés general y del derecho a la vivienda”, tal y como ha corroborado el Tribunal Constitucional.
Por último, destacó que en el medio rural también existen dificultades para alquilar viviendas e incluso para su compra porque necesitan de esa rehabilitación, y por ello, el Gobierno concede ayudas de hasta 10.800 euros para la adquisición de una vivienda. “Tenemos también un plan que le llamamos ‘Pre 5000’, que lo gestionamos a través del IDAE porque tiene que ver con eficiencia energética, que precisamente es un plan dirigido a la rehabilitación de viviendas en el medio rural”, resaltó.