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La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, destacó hoy que el nuevo Plan Integrado de Empleo Local, publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), movilizará ayudas por valor de 28 millones de euros y pretende contratar a un mínimo de 2.476 desempleados.
Aunque las ayudas podrían ampliarse en función de las solicitudes presentadas por las entidades locales, el nuevo plan, según destacó Leticia García, se caracteriza por la simplificación administrativa, pero también en una flexibilización de criterios a la hora de contratar.
Las ayudas de la Junta subvencionarán los costes laborales y de Seguridad Social derivados de los contratos que se suscriban, y que deberán formalizarse durante un periodo de 180 días a jornada completa – se permitirá, no obstante, que los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes realicen contratos a jornada parcial que deberán ser del 50 por ciento de la jornada ordinaria-. El importe subvencionable será el correspondiente al SMI y la Junta anticipará el cien por cien de la ayudad concedida con el fin de facilitar la gestión.
García, que esta mañana presentó en Valladolid el nuevo plan a la Comisión de Industria, Comercio y Empleo de la Federación Regional de Municipios y Provincias, explicó que esta convocatoria refunde tres de las líneas de ayuda existente, pero mantiene abiertas otras como son los Programas Mixtos, así como los planes de empleo dirigidos al ámbito forestal, a los municipios mineros y a los mayores de 45 años.
La consejera también anunció que los objetivos se mantienen, dado que además de mejorar la empleabilidad en el ámbito local con la colaboración de ayuntamiento y diputaciones, también se ponen en marcha obras y servicios de interés general para los vecinos.
Respecto a la flexibilización, indicó que si antes las convocatorias estaban dirigidas fundamentalmente a proyectos turísticos y culturales y los destinatarios, en uno de los programas, solo podían ser mayores de 45 años, ahora los ayuntamientos pueden elegir cualquier obra o servicio que sea de competencia municipal, mientras que los beneficiarios pueden ser cualquier persona desempleada.
Los criterios de selección de los ayuntamientos y la diputaciones continuarán siendo los mismos: población y número de desempleados, a la vez que se mantiene la discriminación positiva de las personas vulnerables: mujeres, personas con discapacidad, mayores de 45 años y parados de larga duración.
Por último, la consejera, que aseguró que los planes de empleo local son unas “herramientas imprescindibles” en el desarrollo de las políticas activa de empleo de la Junta, ya que se hacen de la mano de los ayuntamientos, que son “quien mejor conocen las necesidades para mitigar el desempleo, especialmente en el ámbito rural”. Gracias a estas líneas de ayuda, la Junta espera alcanzar este año la contratación de unas 5.000 personas gracias a una inversión de 60 millones de euros.
Por su parte, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén, resaltó que aunque ni ayuntamientos ni diputaciones tienen competencias en materia de empleo, sí colaboran en la confección de algunas de las líneas de ayuda de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que son fundamentales para el desarrollo local y para el fomento del empleo en el medio rural.
En este sentido, afirmó que generar empleo y prestar servicios de la mano de los ayuntamientos son dos de los grandes objetivo que mejoran la calidad de vida de los vecinos, a la vez que puso en valor que el nuevo plan suponga una reducción de la burocracia.
