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El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, volvió a exigir hoy al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación autonómica que “no castigue a Castilla y León” y que asegure el principio básico de suficiencia financiera de la sanidad pública, universal y gratuita “a todos y cada uno de los castellanoleoneses, en las mismas condiciones de equidad que en el resto de España”.
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que compareció ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de presupuesto de su departamento para 2026, explicó, que pese a “una infrafinanciación crónica de los servicios públicos básicos por parte del Estado, que el Consejo de Cuentas cifró en su informe de 2024 en 500 millones de euros al año durante los últimos 10 años”, estas cuentas alcanzan “un nuevo máximo histórico” con 5.230 millones de euros, con un incremento de un 7,2 por ciento sobre las últimas aprobadas, las de 2024, y cerca de un 20 por ciento más desde el inicio de la legislatura.
“Necesitamos nuevo modelo de financiación autonómica que contemple las particularidades de Castilla y León e incremente el peso de cuatro variables fundamentales: el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, la dispersión y la gran extensión territorial de nuestra Comunidad, que apenas se tienen en cuenta en el actual modelo de financiación autonómica, lo que nos sitúa en una posición de desventaja frente a otros territorios y nos conduce a una infrafinanciación estructural de los servicios esenciales por parte del Estado”, sentenció.
Pese a ello, Vázquez defendió que estas cifras sitúan a la sanidad de Castilla y León como “una prioridad política y presupuestaria” y que buscan consolidar “un modelo sanitario público, universal, gratuito, accesible y de calidad para todos los castellanos y leoneses”. Además, explicó que el peso de sanidad respecto al gasto no financiero total de las consejerías supone casi un 41 por ciento.
En Castilla y León, precisó, se destinan cuatro de cada diez euros de los presupuestos a servicios sanitarios de calidad, lo que representa que entorno al siete por ciento del PIB autonómico llega a la sanidad. Añadió, que esto permite alcanzar los 2.242 euros por habitante protegido, con 351 euros más que al inicio de la legislatura, lo que supone un incremento de un 18,5 por ciento, más de 1.300 euros más desde 2002, lo que sitúa a la Comunidad a la cabeza de la media del país.
Entre las grandes cifras, también citó que, el primer nivel, la Atención Primaria absorbe más de un 20 por ciento del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, es decir, cerca de 855 millones de euros, sin computar el gasto de receta farmacéutica, un siete por ciento más que en 2024, lo que mantiene a la Comunidad como la tercera en gasto sanitario en Atención Primaria, 1,4 puntos por encima de la media nacional, según la última Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad, y continuar como la comunidad que más porcentaje sobre el total de gasto destina a salud pública, más del doble de la media nacional.
Por último, explicó que en la previsión de ingresos para la sanidad de Castilla y León, recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, el 96,4 por ciento de los ingresos de la Consejería de Sanidad procederán de las aportaciones que realice la Consejería de Economía y Hacienda en el marco general de los ingresos de la Comunidad, así como, en menor cuantía, de los ingresos propios que obtiene la Gerencia Regional de Salud. Y sólo el 3,6 por ciento restante de los ingresos, unos 188,9 millones de euros, se prevé obtenerlos de las transferencias específicas en materia sanitaria realizadas por el Estado, “cuantía inferior al año 2024 y claramente insuficiente para poner en marcha los planes del Ministerio de Sanidad, una muestra más del ‘yo invito y tú pagas’ a que nos tienen acostumbrados desde el Gobierno de España”, denunció.
