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Los presupuestos de Castilla y León alcanzan los 15.715 millones de euros, con una subida del 7,92 por ciento respecto a las últimas cuentas aprobadas de 2024, lo que las convierte en las más elevadas de la historia. Según el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se trata de unas cuentas “realistas y expansivas acorde con las necesidades de Castilla y León» y están enfocadas, dijo, al crecimiento económico y la creación de empleo, a la protección de la familia y excelencia de los servicios públicos. El jefe del Ejecutivo, el objetivo de estos presupuestos es que Castilla y León se convierta «en una de las tres principales comunidades del país en políticas públicas y en indicadores económicos y sociales. El consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registrará mañana las cuentas en las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio será la que más crezca en los presupuestos de Castilla y León en 2025, un 21,5 por ciento, que le permitirá gestionar 663 millones de euros. De ellos, 560 millones se destinarán a inversiones medioambientales, con un aumento del 30 por ciento en las partidas destinadas mejora del medio natural, entre las que se incluyen las destinadas al operativo y a la prevención de incendios.
Según indicó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el presupuesto permitirá reforzar el operativo de lucha contra los incendios forestales con cuatro helicópteros y cuatro unidades helitransportadas adicionales y un equipo de drones entre otros aparatos. Asimismo, señalñó que se incorporarán 90 ingenieros técnicos forestales y una nueva organización comarcal de prevención y extinción reforzada.
También los presupuestos, señaló el jefe del Ejecutivo, permitirán el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y la conversión en en fijos de todo el año a los trabajadores fijos discontinuos. Asimismo, se iniciará la transición progresiva del personal del sector privado al público para que esté concluido en tres años. Además, se destinan 11 millones de euros a las diputaciones para adquirir maquinaria y reforzar los ‘anillos de seguridad’ en los municipios.
