ICAL
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes anunció hoy que solicitará a la Junta de Castilla y León los visados de los contratos de alquiler de las viviendas de protección oficial (VPO) gestionadas en la Comunidad por socimis y fondos de inversión, con el objetivo de poder revisar si están bien calculados los precios que pagan los inquilinos.
Una demanda que llega después de conocer el caso de Daniel Rejón, un joven que vive en un piso de una promoción de 210 viviendas en Laguna de Duero (Valladolid), que gestiona la socimi Testa Residencial, por el que paga un alquiler de 427 euros cuando debería ser 340, al incluir los gastos de la comunidad de propietarios. La Junta le denegó hace un año el visado del contrato de alquiler, al comprobar que existe un sobreprecio en la renta pactada.
La secretaria de Vivienda y Fomento de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León y procuradora socialista, Ana Casado, subrayó hoy que “cada euro de dinero público destinado a la vivienda debe servir para garantizar derechos y no para generar rentabilidades privadas”. No en vano, dejó claro que la obligación de la administración no es proteger los balances empresariales sino proteger a personas como Daniel, que vive con su pareja e hijo.
En este sentido, el Partido Socialista exige, según recogió la Agencia Ical, la necesidad de “blindar” la vivienda pública y protegida frente a procesos de especulación y concentración en manos de fondos de inversión. “Daniel sigue con el pago del alquiler, la empresa cobra y la Junta sigue sin actuar. La protección pública de la vivienda acaba siendo papel mojado por que cuando una administración es diligente con los fondos de inversión y lenta con las familias, cuando las resoluciones se eternizan para quienes sufren el abuso pero no para quienes obtienen beneficio económico, el mensaje es muy claro: La vivienda pública y protegida no puede convertirse en una oportunidad de negocio para fondos de inversión, socimis o vehículos especulativos”, reiteró Casado. En el caso de esta promoción de Laguna, la sociedad obtuvo 1,5 millones de euros de subvención a fondo perdido y un préstamo subsidiario de 8,1 millones.
No en vano, la procuradora socialista precisó que Daniel cumple todos los requisitos exigidos y accede a un piso que, en teoría, había sido concebida para garantizar el derecho a la vivienda de personas que cuentan con más dificultades para acceder al mercado libre. Con la resolución de visado del contrato denegatorio, Daniel se ve obligado a renunciar al derecho de adquisición preferente y tampoco puede optar a las ayudas de alquiler de la Junta, además de estar obligado a abonar el IBI. Cansado de esperar que la administración resuelva sobre el supuesto recurso de alzada presentado por la socimi, el joven solicitó en septiembre la apertura de un expediente sancionador, que está previsto en la ley. De esta manera, busca que se le devuelvan las cantidades cobradas indebidamente junto los intereses correspondientes.
Daniel confesó sentirse frustrado por que, tras un año a la espera de alguna solución, no sabe dónde acudir y tener la sensación de estar desprotegido. “Pido algo que nos pertenece”, apuntó.
