ICAL
Empresa Familiar (EFCL) y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) hicieron hoy una “llamada de socorro” para las empresas del mundo rural y presentaron una hoja de ruta con 100 propuestas para los partidos que concurren a los comicios autonómicos del 15 de marzo, con los principales retos de agilizar los planeamientos urbanísticos para generar suelo industrial y vivienda, reducir las trabas burocráticas y mejorar la fiscalidad en los pueblos para atraer actividad y población.
Los presidente de EFCL, Isidoro Alanís, y de Vitartis, Santiago Miguel, presentaron hoy el documento ‘Medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León’, que presentarán a las fuerzas políticas para salvar el futuro de los municipios rurales de la Comunidad, como recoge Ical.
Isidoro Alanís incidió en que los partidos políticos, a los que han solicitado reuniones, “deben hacerse eco” de sus propuestas, cuya aplicación, dijo, “es una obligación si queremos salvar el medio rural de verdad” con medidas concretas para el desarrollo empresarial “o en los próximos diez años desaparecerán casi todos los municipios”. “Las empresas del mundo rural están en situación crítica”, sentenció, para reprochar el “drama” que se vive “en una sociedad que no quiere saber nada de los pueblos, no se invierte, no se crean infraestructuras, es una realidad”.
Agregó que EFCL y Vitartis ponen con este documento “negro sobre blanco” las medidas que deben poner en marcha la próxima legislatura, porque sino “caeremos en una situación dramática en la que muchas de las empresas del medio rurales podrían desaparecer, desaparecerán los puestos de trabajo y los municipios de dimensión media”.
Santiago de Miguel manifestó que sus planteamientos constituyen una “llamada de atención a los poderes públicos para que intenten hacer suyas estas aportaciones”, con el objetivo “dinamizar y revertir la situación que se está dando en los pueblos, que pierden cada vez más población”. “Esperamos que los partidos políticos tengan en cuenta nuestra aportación”, dijo.
El responsable del clúster dejó claro que a las empresas les “acucian los mismos problemas” como el exceso de burocracia y la falta de recursos humanos, y apeló a actuar para salvar un tejido empresarial que vertebra el territorio. “Hemos llegado a un situación en la que se puede dar la parálisis por el análisis”.
Los dos responsables analizaron las principales medidas que exigen al futuro gobierno de la Comunidad, en una autonomía en la que, como recordó el presidente de EFCL, el 98 por ciento de los municipios de Castilla y León tiene menos de 1.500 habitantes. Isidoro Alanís exigió una “vuelta radical” en en la tramitación de los planes urbanísticos en los pueblos, que deberían desarrollarse, dijo, en un plazo máximo de dos años, cuando ahora, tardan hasta ocho, y los pueblos deben reportar a 17 instituciones distintas, en un proceso que “no tiene sentido”.
Alanís advirtió de que es esencial agilizar este proceso porque del mismo depende la generación de suelo industrial para la implantación y el crecimiento empresarial así como la capacidad de construcción de vivienda “tan necesaria para que los trabajadores puedan desarrollar su plan de vida”, dijo.
“Hay que simplificar todas las tramitaciones necesarias”, defendió, para razonar que los recursos técnicos y administrativos son “esenciales” así como que se flexibilicen los “asesores” que pueden acometerlos. Así, recalcó que los pueblos no tiene capacidad por lo que “hay que poner fórmulas para poder subcontratar estas gestiones” y defendió la cooperación público privada urbanística.
En este contexto, consideró también esencial el desarrollo de los polígonos industriales, porque “sino no pueden atraer nuevas actividades ni crecer las empresas”, y exigió un “planteamiento más agresivo” en esta materia que el actual de la Junta, con inversiones, porque los municipios no tiene
Por su parte, Santiago Miguel recordó la importancia de la industria agroalimentaria en el medio rural, con un 45 por ciento implantada en localidades de menos de 3.000 habitantes, donde general el 35 por cienot del empleo, y apeló a adoptar medidas para “acabar con las trabas urbanísticas y de vivienda”, para que “tengan oportunidades para crecer”.
El presidente de Vitartis exigió reducir las cargas administrativas en licencias y permisos para ubicar estas actividades, y apeló a la simplificación fomentando las declaraciones responsables, por ejemplo, en trámites ambientales. Aseveró que la seguridad jurídica también es importante y reclamó que “se eviten duplicidades que muchas veces son contradictorias”.
Miguel también exigió mejoras fiscales sustanciales que faciliten la actividad económicas en el medio rural, y la captación de población, y consideró conveniente rebajas en el IRPF, así como en determinados impuestos (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) para la adquisición de vivienda, o con la bonificación completa en las transmisiones de empresas familiares en municipios pequeños y en las tasas autonómicas relacionadas con la industria, energía, agroalimentación y explotaciones agrícolas y forestales.
