ICAL
La Junta y las nueve diputaciones provinciales suscribieron hoy la adenda del acuerdo del Fondo de Cohesión Territorial 2026 para municipios rurales de menos de 20.000 habitantes, dotado con 20 millones de euros y que incorpora un criterio de solidaridad que favorece a las provincias con mayores dificultades demográficas.
Concretamente, el 40 por ciento de este importe se reparte en función de las tasas de paro y de despoblación, de tal manera que algunas provincias reciben casi el doble de lo que les correspondería si se aplicaran exclusivamente los criterios generales de financiación local de la Comunidad. Así, Soria obtiene un 102 por ciento más (2,09 millones); Zamora, un 33 por ciento de incremento (2,4); Palencia, un 19 más (1,83 millones), y Ávila, un 14 por ciento más (dos millones). Además, se reparten 3,1 millones en León (la provincia que más recibe), 2,5 en Salamanca, 2,2 millones en Valladolid, 2,02 en Burgos, y 1,7 millones en Segovia.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto a seis de los presidentes y tres vicepresidentes de las nueve diputaciones fueron los encargados de firmar la renovación del acuerdo de este fondo, destinado a financiar proyectos de inversión en obras e infraestructuras que son definidos por los propios ayuntamientos en el ámbito rural.
“La iniciativa contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos, modernizar los servicios públicos locales y favorecer la actividad económica y el empleo, además de contribuir a combatir la pérdida de población”, destacó el consejero, quien añadió que con esta firma se acometen obras en servicios locales básicos, como como el arreglo de calles y plazas, el abastecimiento de agua, la adecuación de edificios municipales, el mantenimiento de parques o la instalación de alumbrado, cuya financiación es la que recae, por ser servicios generales, dentro de la competencia de la Consejería de la Presidencia.
González Gago recordó que la Junta mantiene desde 2014 un modelo de financiación estable y anual destinado a apoyar a las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias y en la prestación de los servicios públicos locales, fruto del acuerdo suscrito por las principales fuerzas políticas de las Cortes Autonómicas. Este modelo se articulaba inicialmente a través del Fondo de Participación en los Tributos Propios Autonómicos y del Fondo de Cooperación Local General. Pero en 2022, a esta financiación se sumó el nuevo Fondo de Cohesión Territorial, dotado con 20 millones de euros anuales, lo que permitió incrementar en más de un 24 por ciento los recursos destinados a las entidades locales.
Criterio de solidaridad
La aportación de las diputaciones y de los propios ayuntamientos permitirá movilizar en 2026 un mínimo de 33,2 millones de euros. El Fondo incorpora, además, un criterio de solidaridad territorial para reforzar su impacto en aquellas provincias que afrontan mayores dificultades demográficas. Al respecto, el consejero detalló que “destina más aportaciones económicas a las zonas de la Comunidad que presentan mayores dificultades demográficas, cuantificadas a través de la tasa de paro y del nivel de despoblación de cada provincia”.
En total, el Fondo beneficia a los 2.232 municipios de Castilla y León que cuentan con menos de 20.000 habitantes, el 99,3 por ciento del total de municipios de la Comunidad.
Al detalle, las diputaciones participan en la cofinanciación y gestión de las inversiones correspondientes a los municipios de menos de 1.000 habitantes. Para este caso, el Gobierno autonómico asume la mitad de la inversión, la diputación correspondiente aporta otro 25 por ciento, y el ayuntamiento beneficiario, el 25 restante. La Junta se hace cargo directamente de este grupo, que suman 2.008 municipios, en los que viven cerca de 430.000 personas. En la resolución del Fondo de Cohesión Territorial correspondiente a 2026 cuentan con más de 9,8 millones de euros de aportación de la Administración autonómica.
En cuanto a los 224 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, que cuentan con más de 700.000 vecinos, se destinan casi 10,2 millones, que representan el 75 por ciento del coste de las actuaciones. Los ayuntamientos asumirán el 25 por ciento restante. González Gago puso en valor el papel de las diputaciones provinciales, “cuya labor es fundamental para el funcionamiento de los municipios, y que conocen la realidad local mejor que cualquier otra”.
En definitiva, el consejero destacó que el Fondo de Cohesión Territorial “pone de manifiesto la capacidad de las distintas administraciones para trabajar conjuntamente y avanzar hacia un modelo de financiación basado en la cooperación institucional, con el objetivo de mejorar los servicios y las condiciones de vida de los vecinos del medio rural”, y que nació como consecuencia “de la voluntad municipalista de la Junta” ya que, además, “muchas de estas obras se adjudicarán a empresas de la zona y ayudarán a afincar población en el medio rural”.
Tramitación más ágil
Por último, González Gago subrayó que la convocatoria incluye una “tramitación más ágil” y contará con “silencio positivo”. Además, se mejora el sistema de justificación de la ayuda, de tal forma que “las bajas que tenga cada ayuntamiento las puede volver a dedicar a otras actuaciones, para que no la pierda”.
Por su parte, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, comentó que este fondo surge con una “idea muy clara”, que la cohesión “se construye desde los municipios y contando con ellos y las diputaciones”. “Es la fortaleza de este fondo. El conocimiento y la vertebración que tenemos las entidades más pequeñas de cualquier política de Castilla y León. Hablamos de una manera de entender la relación entre las administraciones públicas”, ensalzó Armisén, quien tomó la palabra en representación de todos los representantes provinciales.
Igualmente, destacó el “valor de un compromiso compartido” con la Junta y los municipios, que “conocen el esfuerzo que se hace por mantener los servicios y atender las necesidades de los vecinos para sacar adelante proyectos con recursos limitados”. A su juicio, en ese punto las diputaciones tienen una “responsabilidad muy concreta”, que es “estar al lado de municipios más pequeños”. “Sin ese apoyo e impulso sería muy difícil para ellos acometer algunas de estas inversiones. Por eso este fondo encaja plenamente en esta forma de trabajar y de hacer de quienes tenemos un compromiso compartido”, reiteró.
Detrás de las cifras de inversión, dijo, hay ayuntamientos que “pueden acometer actuaciones pendientes, mejora de servicios, calles o estructuras municipales, y vecinos que perciben directamente que las administraciones están detrás”, mediante la “cohesión, equilibrio y solidaridad, para dar más a quien más lo necesita”. “La cohesión no significa dar exactamente lo mismo a todos, sino responder cuando las circunstancias y necesidades sean diferentes”, apuntó Armisén, quien aprovechó la oportunidad para apelar a una financiación autonómica y local más justa y reclamar la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio, entre otras cosas.
