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La inversión de ‘Rehabitare’ a fin de legislatura será 38 millones con 628 viviendas beneficiadas

Juanma de Saá / ICAL

La Junta de Castilla y León apuesta por terminar la Legislatura con 628 viviendas rehabilitadas en virtud del programa Rehabitare, con una inversión cercana a los 38 millones de euros. “Las previsiones de aquí al año que viene y parte del siguiente, son de ingresar, al menos, otras 78 actuaciones más, con una inversión de otros casi ocho millones de euros, de manera que, en 2026, al fin de la Legislatura, tendríamos 628 actuaciones, con una inversión de casi 38 millones de euros a disposición de personas en el mundo rural”, indicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

“Se une a todas las políticas de vivienda. A grandes cifras, supone construir y rehabilitar en Castilla y León cerca de 3.000 viviendas para poner a disposición, especialmente de los jóvenes, en alquiler a precios asequibles y en compra, con descuentos del 20 por ciento si es un joven de menos de 36 años”, añadió.

Juan Carlos Suárez-Quiñones hizo estas declaraciones en el Obispado de Zamora, adonde acudió para firmar, con el obispo de la diócesis zamorana, Fernando Valera, el protocolo del programa Rehabitare en la provincia.

“El programa Rehabitare incluye convenios con obispados, diputaciones provinciales y ayuntamientos, con los que recuperamos viviendas de titularidad municipal en desuso. Ahí hablamos de que los municipios y los pueblos suelen tener todo tipo de viviendas, la vivienda del maestro, las escuelas, el farmacéutico, casas de la Guardia Civil que ahora se utilizan. Lo que hacemos es también recuperarlas con convenios”, comentó.

“El protocolo forma parte de un conjunto de convenios que hemos firmado con varios obispados, con los obispados de Ávila, Segovia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Astorga, León, Palencia y Burgos. Este es el noven”, precisó.

Suárez-Quiñones consideró que el programa revela el “compromiso” por parte de la Junta de Castilla y de León con la política de vivienda. “Se basa en buscar a las personas que más lo necesitan un acceso a la vivienda, especialmente, pensando en menores de 36 años y en el mundo en el mundo rural, como medio de fijación de población y de atracción de población”, subrayó.

Igualmente, destacó el “compromiso social” de la Iglesia, que “no tiene ninguna duda durante su historia”, en cuanto a estar con las personas más necesitadas. “Confluyendo esos dos objetivos, hay un hecho y una realidad incontestable, que es que la Iglesia tiene en su patrimonio inmobiliario numerosas viviendas en desuso en nuestros pueblos y nosotros consideramos que son muy atractivas para recuperarlas y darlas en alquiler social, con preferencia a los jóvenes en los pueblos”, expuso.

“En esa idea y en el marco del programa Rehabilitare, fue cuando empezamos a firmar convenios con los obispados para poder aprovechar esas viviendas. La Junta las rehabilita, las pone en estado de uso, con cumplimiento del Código Técnico de Edificación y las ingresa en la gestión del Parque Público del Alquiler Social, con unos alquileres absolutamente testimoniales”, añadió.

En este contexto, el consejero expresó su agradecimiento al Obispado por su “generosidad” a la hora de ceder su patrimonio a un uso público diferente al que estaba previsto.

“Con la preocupación que supone la vivienda para la ciudadanía, se trata de implicarse en esa preocupación social. En el programa, hemos hecho ya, desde que hemos firmado estos convenios con los centros obispados, 33 rehabilitaciones de viviendas y seguimos trabajando en ellas. Hasta ahora, hemos puesto en esta actuación 1.688.000 euros”, detalló.

El consejero aludió también a la participación de las diputaciones para “sumar más objetivos y viviendas” y “aprovechar” los recursos disponibles de las instituciones provinciales. 

“Hemos traído las diputaciones también a esta acción para sumar más objetivos y más viviendas y aprovechar los recursos que las diputaciones tienen, que son la administración más cercana o que tiene que ser más cercana a los problemas reales de los pequeños municipios y también aportan financiación”, comentó.

En este contexto, Suárez-Quiñones recordó que la Junta ha firmado dos grupos de convenios con las instituciones provinciales. “El primero lo firmó el presidente Mañueco en 2020 con todos los presidentes de Diputación y, en 2021, firmamos los convenios específicos con cada una. Ahí suscribimos los convenios para 82 actuaciones que se han realizado con un presupuesto de 4,26 millones de euros y en septiembre de este año firmamos uno nuevo para las actuaciones de 2024-2027”, enumeró.

“Para 82 actuaciones fueron 4,26 y, ahora, para 88, 9,15 millones. El incremento del precio de la vivienda y de las actuaciones en vivienda ha motivado un incremento importantísimo de presupuesto”, destacó.

“Preocupación”

Por su parte, el obispo de Zamora, Fernando Valera, expresó su “alegría” por la firma del convenio  y recordó que la próxima semana cumplirá cuatro años al frente de la Diócesis. “Desde que soy obispo de Zamora, una de las primeras realidades que el Consejo de Gobierno sabe que nos planteamos fue la de las viviendas parroquiales que tiene la Diócesis. Algunas estaban en estado lamentable y, evidentemente, un edificio que se hunde, que no cumple una función ni religiosa ni social, es un fracaso y para nosotros era una pregunta importante”, aseguró.

“Por otra parte, los primeros días que yo vine, en plena pandemia, una de las primeras reuniones que tuve en Aliste fue con un grupo de jóvenes rurales y me trasladaron la dificultad que tenían para adquirir una vivienda y para poder vivir en el mundo rural. Desde ese momento, fue una preocupación”, agregó.

De esta forma, cuando el Obispado de Zamora tuvo noticia del proyecto Rehabitare, decidió participar. “Hoy llegamos al momento de la firma y de poder dar función a casas que, en algunos casos, están en casi ruina y que pueden dar un servicio social a un colectivo tan importante como el de la gente joven”, afirmó.

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