ICAL
El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció hoy que la Comunidad suscribirá el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para asegurar la llegada de fondos a los ciudadanos, a pesar de mantener un firme rechazo hacia los criterios de cofinanciación impuestos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y hacia los plazos de tramitación.
Antes de acceder a la Conferencia Sectorial de Vivienda, a la que el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez convocó a las comunidades autónomas para la aprobación del reparto de fondos, Suárez-Quiñones desveló que las cuantías asignadas obligarán a Castilla y León a aportar 152 millones de euros, frente a unos 228 millones de euros que transferirá el Estado, una proporción económica que calificó «como una imposición».
«Imponer cuestiones presupuestarias a las comunidades autónomas es no respetar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, de sus parlamentos, que son los que tienen que aprobar los presupuestos». En este sentido, el consejero denunció también un cambio drástico en las reglas presupuestarias del Plan estatal, señalando que la relación de financiación ha pasado de una proporción de 75-25 a una de 60-40 sin consenso previo, lo que se traduce en que las autonomías deberán aportar entre cinco y siete veces más recursos que en el periodo anterior. Esta situación de excepcionalidad financiera, explicó, ya ha sido advertida en los informes preceptivos emitidos por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.
Junto al perjuicio presupuestario, Suárez-Quiñones criticó la parálisis administrativa que sufrirán los programas de ayuda durante el presente ejercicio debido a la falta de previsión en el calendario del Gobierno central. Según detalló, la validación formal de los criterios de reparto llega con un desfase temporal que impedirá que las subvenciones y promociones se ejecuten de forma inmediata, por lo que ha augurado que «el 26 va a ser un año perdido, porque hoy aprobamos los criterios de reparto, pero luego tiene que llevarse al Consejo de Ministros, tiene que haber unos convenios bilaterales con las comunidades autónomas… Cuando empecemos, por lo tanto, a ejecutarlo, ya es tarde».
Ante este escenario de ralentización estatal, el consejero aclaró que la actividad en la región no se va a detener gracias al diseño de programas propios sufragados de forma íntegra por la administración autonómica. «Nosotros vamos a aportar más de 300 millones de euros a la política de vivienda en esta legislatura», apuntó, aclarando que ese dinero parte de de fondos de la Junta y subrayando que se trata de una cifra que excede con creces la aportación obligatoria requerida para la firma del Plan con el Ministerio.
“Sin consulta”
En el plano metodológico, Suárez-Quiñones puso de manifiesto el malestar formal de la Junta y de un bloque de catorce comunidades autónomas por el trato recibido durante la fase de redacción del documento, censurando que el Ministerio les diese un simple trámite de audiencia equiparable al de cualquier otro colectivo profesional o del sector inmobiliario en lugar de una participación bilateral entre el Estado y las comunidades autónomas. Así, lamentó que el contenido definitivo del texto fuese conocido directamente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin una reunión sectorial previa, remarcando que «siendo las comunidades autónomas competentes en materia de vivienda, se nos ha tratado de forma absolutamente desconsiderada».
Asimismo, el consejero mostró su rechazo el armazón regulatorio del texto del Ministerio por contener medidas de corte intervencionista, concretamente la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que a su juicio reducen la oferta y congestionan el mercado del alquiler, «que ha sido un fracaso en Europa, y lo está siendo en aquellos territorios donde se están actualmente aplicando, como Cataluña».
Por ello, Suárez-Quiñones reiteró que, pese a estar «totalmente en contra» de estas directrices ideológicas que ha incluido el Gobierno en el Plan por contraponerse a la política de la Junta de Castilla y León basada en incentivos fiscales y seguridad jurídica, el Gobierno regional captará hasta el último euro de la financiación estatal porque “queremos lo mejor para nuestros ciudadanos y todo lo que se aporte bien está”..