ICAL
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, cifró en 50 millones el coste que tiene para el Gobierno autonómico la revalorización del 0,5 por ciento del salario de los empleados públicos, que aprobó el Gobierno de España en el último Consejo de Ministros.
En declaraciones recogidas por Ical, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy, Carriedo recordó que esta actualización aprobada por el Ejecutivo nacional “llega con año y medio de retraso” y obliga a la Junta a pagar los atrasos correspondientes a los 12 meses de 2024 y a los seis primeros meses de 2025.
“Esto supone, para el presupuesto autonómico de 2025, un total de 50 millones de euros”, calculó, subrayando que además “queda pendiente la subida salarial del 2025, que debe decidir el Gobierno”, dado que los empleados públicos de la Comunidad y del resto del país “cobran la misma cantidad hoy que en enero de 2024”.
En cuanto al momento del pago, Carriedo aseveró que el objetivo del Gobierno autonómico es que sea “a la mayor agilidad posible” pero que, dado que la aprobación del Gobierno se produjo el 1 de julio y las nóminas de la Junta se cierran el día 5 de cada mes, “presumiblemente no va a poder ser en julio”.
Por ello, avanzó que será previsiblemente en la nómina de agosto, que se cobra en los días finales de este mes o en los primeros de septiembre, cuando los empleados públicos de la Junta de Castilla y León recibirán tanto los atrasos correspondientes al conjunto de 2024 y a los primeros meses de 2025 como la consolidación de la subida en sus nóminas, que “quedaría fija para el futuro”.
