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El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, reclamó hoy que la futura Política Agraria Común (PAC), que ya se está debatiendo en Europa, “vuelva a su esencia” y “vuelva a estar al servicio del agricultor y del ganadero”, al tiempo que defendió que se aleje de una orientación que, según enfatizó, ha estado demasiado vinculada a la política ambiental.
“Tiene que garantizar renta, actividad, empleo y capacidad productiva. No puede convertirse en una política cada vez más burocrática, intervencionista y alejada de la realidad del campo. No queremos que la PAC siga convirtiéndose, como actualmente ocurre, en una política ambiental que considere la producción agraria como un problema. La protección del territorio es necesaria, pero solo puede mantenerse si existe una actividad agraria viable”, señaló el consejero a su salida del Consejo Consultivo de PAC.
Además, reclamó al Gobierno central una posición “firme” ante las instituciones comunitarias, así como la defensa de un presupuesto para la PAC que sea “digno” y que, al menos, se mantenga en los niveles actuales.
En su comparecencia ante los medios, el dirigente autonómico expresó su preocupación por la posibilidad de que la futura PAC contemple planes nacionales y regionales tutorizados por el Ministerio de Hacienda y avisó sobre el riesgo de una posible “renacionalización de la política agraria comunitaria”. “Nos preocupa profundamente que los recursos se integren en grandes planes nacionales junto a otras políticas. Si el dinero del campo entra en una bolsa común, la agricultura tendrá que competir con vivienda, energía, infraestructuras o industria”, advirtió.
Entre las medidas que Castilla y León rechaza citó “la degresividad, los cappings obligatorios y los pagos redistributivos”, al considerar que penalizan a las explotaciones que buscan aumentar su dimensión. “Es un sinsentido que, por una parte, se obligue a los agricultores y ganaderos que quieren vivir de la actividad a dimensionarse, a invertir y a coger cada vez más tierras y, sin embargo, en la aplicación de la Política Agraria Comunitaria esto se penalice”, resaltó. Además, instó a llevar a cabo una simplificación de la PAC, con cuestiones como la eliminación de la obligatoriedad del cuaderno digital de explotación. “El agricultor y el ganadero no tienen que estar para hacer papeles, tienen que estar para estar en el tractor y en su explotación”, sostuvo.
Pino defendió una PAC que tenga “identidad propia”, proteja al profesional agrario, cuente con un presupuesto “blindado” y tenga en consideración la despoblación y el riesgo de abandono de la actividad agraria. “Lo que pedimos, en definitiva, es rentabilidad, estabilidad y libertad”, resumió.
En cuanto a la propia reunión del Consejo Consultivo, cuestionó el procedimiento seguido por el Ministerio de Agricultura para recabar la posición de las comunidades autónomas. “A nosotros se nos pide que enviemos unos cuestionarios y nuestra posición al Ministerio. Sin embargo, el Ministerio no hace pública la suya”, señaló, explicando que el Gobierno debería haber establecido previamente unas bases y fijado su posición para, posteriormente, solicitar las aportaciones de las regiones. “No ha sido así. Nosotros le hemos dicho al Ministerio que nos gustaría que cambiara esta situación”, apuntó antes de advertir que “Castilla y León no aceptará una PAC diluida, centralizada ni sometida a las prioridades coyunturales de cada Gobierno. La PAC debe seguir teniendo reglas, financiación y objetivos verdaderamente comunes”.
Cambios de normativa
Junto a las exigencias de cara a la negociación de la próxima política comunitaria, el consejero también reflexionó sobre la normativa actual ya que, según señaló, las organizaciones profesionales agrarias les han solicitado ya “la mayor libertad y la mayor flexibilidad” en las normas “actuales”, especialmente en relación con los ecorregímenes. A su juicio, las medidas que los políticos ponen sobre la mesa deben adaptarse a las circunstancias actuales porque los agricultores y ganaderos se encuentran ya planificando sus siembras. “Tenemos un escenario en el cual hay unos elevados costes de producción y unos precios que no nos acompañan y, por lo tanto, no podemos obligar a hacer unas determinadas cosas que lo que están haciendo es incurrir en más gastos y en más pérdidas a los agricultores”, afirmó.
“El problema no es únicamente la complejidad administrativa. También es la creciente contradicción entre lo que Europa exige a sus productores y lo que permite entrar desde fuera”, remarcó Pino antes de reclamar que las exigencias aplicadas a los productores europeos tengan correspondencia con las condiciones de los productos procedentes de terceros países. En concreto, pidió “reciprocidad”, “preferencia comunitaria” y “cláusulas espejo reales” que puedan aplicarse en los acuerdos comerciales, entre ellos el recientemente firmado con Mercosur.