El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, asiste a la 19ª Conferencia de Directores de Agencias Pagadoras y Organismos de Coordinación en Bruselas

Pino se planta en Bruselas y exige una PAC que garantice la rentabilidad del campo

ICAL

La Junta de Castilla y León reclamó hoy en Bruselas una Política Agraria Común (PAC) que garantice la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reduzca las restricciones burocráticas y permita a los profesionales del campo decidir cómo gestionar sus explotaciones. Así lo trasladó el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su participación en la Conferencia de Directores de Agencias de Pago y Organismos Coordinadores del Pago de la PAC.

El encuentro, dedicado a la gestión, el control y el funcionamiento de los fondos agrarios europeos, contó también con la presencia de la secretaria general de la Consejería, Mercedes Buendía. Durante su estancia en Bruselas, Pino planteó cinco prioridades para el futuro del sector: una atención específica a la agricultura mediterránea, una política nacional del agua, una PAC centrada en la producción y la rentabilidad, mayores controles en frontera y una defensa firme del campo español ante las instituciones europeas, informa Ical.

El consejero advirtió de que Europa no puede diseñar sus políticas agrarias sin tener en cuenta las particularidades productivas del sur del continente y señaló al cereal de secano, el viñedo y el olivar como tres de los cultivos que atraviesan mayores dificultades de rentabilidad.

“Si un agricultor se pregunta si merece la pena sembrar, mantener su viñedo o seguir cultivando sus olivos, el problema ya no afecta únicamente al agricultor. Es un problema para España y para Europa”, aseguró Pino, quien alertó de que la pérdida de capacidad productiva incrementaría la dependencia alimentaria de terceros países.

En este sentido, defendió una PAC que sitúe nuevamente a agricultores y ganaderos en el centro de las decisiones y abandone lo que calificó como “caprichos ambientales”, restricciones alejadas de la realidad productiva y cargas administrativas que dificultan la actividad diaria.

“No queremos un agricultor subvencionado para dejar de producir; queremos un agricultor que pueda vivir dignamente del fruto de su trabajo”, subrayó el consejero, quien insistió en que las dos condiciones fundamentales para garantizar el futuro del sector son “la libertad y la rentabilidad”.

Otra de las reivindicaciones trasladadas por Pino fue la necesidad de desarrollar una política hídrica nacional que permita mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles mediante nuevas infraestructuras de almacenamiento y regulación.

“Sin agua no hay agricultura. Y sin infraestructuras no hay política de agua”, afirmó, al tiempo que reclamó apoyo europeo para avanzar hacia un verdadero Plan Hidrológico Nacional que garantice el suministro necesario para las explotaciones y la industria agroalimentaria.

Asimismo, el consejero exigió reforzar los controles fronterizos para evitar la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas exigencias ambientales, laborales, sanitarias y fitosanitarias que los productores europeos.

“Competencia, sí; competencia desleal, no”, resumió Pino, quien defendió recuperar la preferencia comunitaria y garantizar condiciones equivalentes para los productos importados, especialmente en el sector de frutas y hortalizas.

Durante su intervención, también destacó la gestión del anticipo de la PAC de 2026 en Castilla y León, que permitió abonar el pasado 23 de septiembre más de 575 millones de euros a más de 48.600 agricultores y ganaderos, convirtiéndose en la primera comunidad en realizar un pago de estas características durante ese mes. “Gestionar bien la PAC no es solo tramitar ayudas; es conseguir que lleguen al agricultor en el momento en que las necesita”, señaló.

Finalmente, Pino insistió en que España debe mantener una posición firme ante las instituciones comunitarias para defender el presupuesto agrario, la capacidad productiva y la soberanía alimentaria. “Defender el campo español no es defender un sector más de nuestra economía. Es defender nuestra capacidad para producir nuestros propios alimentos, nuestro territorio y nuestra soberanía alimentaria”, concluyó.

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