ICAL
La vicepresidenta de la Junta y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, acusó hoy al Gobierno de España de actuar “como siempre”, con “trampas” y “opacidad” después de que ayer el Ministerio de Derechos Sociales anunciara un plan operativo para desarrollar en 2025 la ‘Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización’, que movilizará más de 2.000 millones y en el que participarán 13 comunidades autónomas, entre las que no está incluida Castilla y León. En este sentido, Blanco aseguró que el Ejecutivo autonómico no descarta acudir a los tribunales para recurrir ese reparto y solicitar un trato igualitario, al igual ya lo hizo con el Ministerio de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones al gestionar los fondos europeos para los proyectos de inclusión.
Con motivo de la inauguración del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales ‘Atiendo’ de Valladolid, la vicepresidenta apuntó que la Junta ha enviado una carta al Ministerio de Derechos Sociales para preguntar por que la Comunidad no ha sido informada del plan de cuidados anunciado ayer y conocer los criterios del reparto de esos fondos, después de que no haber sido convocada una conferencia sectorial para abordar este asunto. De ahí que mostrara, según recogió la Agencia Ical, su sorpresa con que Castilla y León se quede al margen del reparto de ese dinero cuando es un “referente” en los cuidados y la desinstitucionalización
“El Ministerio tiene toda la información de Castilla y León para dar cumplimiento a una recomendación de la Unión Europea y las propias instituciones comunitarias han solicitado a la Junta la documentación, antes de concedernos fondos, además de haber participado en la estrategia estatal y presentado nuestro proyecto de A gusto en casa”, aseveró.
Isabel Blanco dejó claro que el Gobierno autonómico y su presidente Alfonso Fernández Mañueco “siempre” va pelear por los intereses de Castilla y León y reivindicar “lo mejor” para sus habitantes. Es por ello que, de no obtener una respuesta del Ministerio, anunció que la Junta no descarta acudir a los tribunales para recurrir ese reparto. “Con la distribución de los fondos europeos para proyectos de inclusión ya recurrimos y la sentencia nos dio la razón al asegurar que ese dinero se repartió de forma arbitraria, por lo que fue anulado, con el consiguiente perjuicio para Castilla y León y las demás autonomías”, concluyó.
