El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha desgranado en el programa «Intereconomía Inmobiliario» dirigido por Elena Fraile, las claves del nuevo plan de vivienda que entrará en vigor en 2026, con un objetivo ambicioso: recuperar el pulso constructor del archipiélago y dar respuesta a una demanda que supera actualmente las 30.000 viviendas.
“Para incrementar la oferta de vivienda hay que incrementar la producción, y ahí el suelo juega un papel clave”,es lo que ha destacado Pablo Rodríguez, recordando que en un territorio insular limitado y altamente protegido los suelos urbanizables “son los que son” y requieren herramientas eficaces para transformarse en hogares.
En los últimos dos años, el Ejecutivo autonómico ha aprobado dos decretos leyes que permiten reconvertir suelos terciarios y turísticos en residenciales, transformar oficinas y locales en viviendas, y agilizar las licencias urbanísticas. Medidas que ya han tenido efecto: de una media histórica de apenas 1.000 viviendas anuales en la última década, Canarias alcanzó en 2024 las 4.000, aunque la meta es llegar a las 10.000 por año entre 2026 y 2029.
Rodríguez ha asegurado que no basta con la acción pública: “Siempre que vemos el problema de la vivienda pensamos que la administración no está construyendo lo suficiente, y probablemente algo de verdad hay. Pero lo que tenemos que crear es el ecosistema y la seguridad jurídica necesaria para que el sector privado vuelva al ritmo de construcción de vivienda protegida que tuvo en el pasado”. El consejero defendió que Canarias necesita un mix equilibrado de vivienda pública, protegida y libre, con nuevas fórmulas como la “vivienda asequible incentivada”, destinada a clases medias, con precios regulados durante una década y beneficios urbanísticos para los promotores.
El plan también se apoya en el régimen económico y fiscal canario, que permite destinar hasta 2.000 millones de euros anuales de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) a proyectos residenciales, un “acelerador” que puede multiplicar la producción.
Respecto a la Ley estatal de vivienda, Rodríguez fue claro: “La limitación de precios lo que provoca es que la oferta disminuya. En Canarias, donde la oferta ya es muy reducida, cualquier medida que la restrinja es absolutamente negativa. Al final lo que genera es especulación y que la gente no tenga opciones reales de encontrar un hogar”.
El consejero destacó que en 2007 Canarias llegó a construir 35.000 viviendas anuales, lo que demuestra que el tejido empresarial del archipiélago tiene capacidad suficiente. El reto ahora es reconstruir ese ecosistema y recuperar los niveles de producción y empleo previos a la crisis de 2008, “porque lo que está en juego no es un debate político, sino que los canarios tengan un hogar donde desarrollar su proyecto de vida”.
Entrevista con Pablo Rodríguez ,Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias
