La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), patronal del sector inmobiliario profesional en España, advierte de que los nuevos decretos del Gobierno pueden consolidar un mercado del alquiler a dos velocidades: uno para quienes ya disponen de un contrato y ven reforzada su permanencia, y otro mucho más restrictivo para quienes todavía buscan vivienda. La patronal considera que las medidas ofrecen una protección visible a los inquilinos actuales, pero elevan la barrera de entrada para jóvenes, familias con hijos, autónomos y trabajadores con ingresos irregulares, a quienes se exigirán más garantías ante el temor de los propietarios a no poder recuperar sus viviendas.
FADEI señala que la renovación automática de los contratos, las indemnizaciones y las nuevas limitaciones pueden transformar el alquiler en una decisión difícilmente reversible para el propietario. Esta percepción no solo reducirá la oferta, sino que cambiará el comportamiento del mercado: habrá más viviendas vacías, más ventas, más contratos sometidos a requisitos estrictos y una mayor concentración de la demanda sobre los candidatos con perfiles económicos más seguros. El problema, por tanto, no será únicamente cuántos pisos desaparezcan del alquiler, sino quién podrá acceder a los que permanezcan.
“Estamos construyendo un sistema que protege al inquilino de hoy a costa del inquilino de mañana. Si cada contrato se convierte para el propietario en una relación casi indefinida, el acceso dependerá cada vez más de superar un examen financiero. La política de vivienda no puede limitarse a decidir quién permanece dentro; debe abrir la puerta a quienes siguen fuera”, afirma Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI. “Necesitamos dejar de legislar desde la confrontación entre propietarios e inquilinos y empezar a diseñar mecanismos que repartan los riesgos de forma equilibrada”, añade.
Como alternativa, FADEI propone crear un aval público para el alquiler, asociado al inquilino y válido durante toda la duración del contrato, que cubra posibles impagos sin obligar a aportar garantías adicionales. También plantea contratos de alquiler asequible con incentivos fiscales automáticos para los propietarios, una cobertura pública específica para jóvenes y hogares vulnerables, y un procedimiento administrativo y judicial rápido que permita recuperar la vivienda cuando exista incumplimiento o finalice legítimamente el contrato. Estas medidas deberían acompañarse de la movilización de suelo público, licencias urbanísticas con plazos máximos y colaboración público-privada para construir vivienda destinada al alquiler.
FADEI reclama finalmente un Pacto de Estado por la Vivienda que sustituya la sucesión de decretos por una estrategia estable, medible y sostenida en el tiempo. La patronal propone fijar objetivos anuales de incorporación de viviendas, evaluar públicamente el impacto de cada regulación sobre la oferta y retirar aquellas medidas que generen efectos adversos. “Una política eficaz no es la que anuncia más protección, sino la que consigue que más ciudadanos puedan firmar un contrato. España necesita medir el éxito por las puertas que abre, no solo por los contratos que prorroga”, concluye FADEI.