Abengoa no era viable antes del cambio de Benjumea, según un perito

Los peritos propuestos por las partes han expuesto hoy en el juicio contra la antigua cúpula de Abengoa sus discrepancias sobre la situación de la compañía, coincidiendo con el relevo en la Presidencia en 2015, una coyuntura negativa según han manifestado las acusaciones en esta prueba conjunta y en crecimiento para las defensas.

El experto de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, Emiliano Montero, ha asegurado que, al cierre de 2014, la multinacional ya era consciente de la necesidad de «tomar cartas en el asunto» ante la falta de liquidez por el «desequilibrio patrimonial» de los negocios bioenergético y solar, y que así lo plasmó en su memoria anual en la que se recomendaba «hacer desinversiones» para hacer frente a los pagos.

En concreto, según ha explicado, en apenas tres años las pérdidas de Abengoa Bioenergética pasaron de 56 millones en 2012 a 288 millones en 2015, números que la dejaron al borde de la disolución.

Ha vinculado la evolución negativa de estas sociedades, con «pérdidas exponenciales año tras año«, al deterioro por valor de 1.200 millones de euros registrado en 2015 -año en el que se produjo el cambio en la cúpula de la matriz-, ya que la compañía, especializada en energía y medioambiente, prácticamente duplicó hasta los 850 millones sus préstamos a las filiales con el fin de sanearlas.

También se ha referido al «desplome bursátil» a partir de noviembre de 2014, coincidiendo con la publicación de la nota en la que la agencia de calificación Fitch alertaba del problema de endeudamiento de Abengoa, y ha apuntado que la acción «nunca volvió a la posición anterior ni dejó de caer» hasta la petición del preconcurso de acreedores, un año después.

Problemáticas ambas que, ha asegurado, eran conocidas en el seno de Abengoa «al menos entre tres y cuatro meses antes» de llevar a cabo la ampliación de capital de agosto de 2015, todavía con el presidente Felipe Benjumea y su consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, dentro de la multinacional sevillana.

Una versión a la que se ha opuesto Mario Alonso, perito designado por la defensa de Sánchez Ortega, que ha indicado que el control de la compañía era «el más alto posible» y ha defendido el crecimiento de ésta, cuya cartera de ingeniería en la época era «un 11% superior a la de 2014 y equivalía a la facturación de 16 meses«.

De igual modo, ha sostenido que la cláusula de no competencia por la que el ex número dos de la firma especializada en renovables percibió 4,5 millones de euros tras su salida, fue «absolutamente estándar y razonable» en comparación con las condiciones contractuales de otras empresas del mercado.

Durante la sesión, también ha intervenido el actual presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Urquijo, quien ha sostenido que Antonio Fornieles y todos los ejecutivos «estaban comprometidos y dedicados para sacar adelante la reestructuración».

La Audiencia Nacional juzga desde el pasado lunes a Benjumea, Sánchez Ortega y tres integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, por presunta administración desleal, delito por el que la Fiscalía solicita para ellos entre cinco y tres años y medio de prisión.