Borrell no recurrirá la sanción de la CNMV para no identificar al familiar que salvó en Abengoa

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no recurrirá la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por vender acciones de Abengoa por un valor de 9.030 euros cuando era consejero de la compañía y conocía información relevante no publicada.

Borrell ha expuesto ante los medios de comunicación en los pasillos del Congreso la parte de su intervención que no pudo concluir en el pleno, al acabarse su tiempo cuando respondía a una pregunta del diputado del PP José Ramón García Hernández.

El ministro se ha reafirmado en que no utilizó información que hubiera podido obtener en su condición de consejero para vender esas acciones, pero, como para recurrir la sanción de la CNMV tiene que presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía de un Gobierno del que forma parte, ha decidido no hacerlo.

Sin embargo, fuentes de la investigación señalan que Borrell miente. No es que considere que eso se anómalo, porque si como agún miembro del Gobierno no pueda por ello recurrir una multa de tráfico o defenderse en un tribunal. Es que al final, se terminará sabiendo el nombre del accionista al que beneficio Borrell con su información privilegiada y este accionistas, que a diferencia de muchos otros salvo su dinero de la quiebra de Abengoa, no es otro, según esas mismas fuentes, que Cristina Narbona, política socialista, compañera sentimental de Borrell y actual presidenta del PSOE.

José Borrell, que ha dicho que no ha actuado basándose en información privilegiada en la gestión de su cartera de valores y de aquella propiedad de un familiar cuya gestión le había sido encomendada, ha indicado que para ir a los tribunales tendría que pasar «necesaria e inevitablemente» por ese recurso previo de alzada ante el Ministerio de Economía.

Ha añadido que ello le plantearía la «anómala situación» de que un ministro recurra ante el Gobierno del que forma parte, lo cual no le «parece políticamente correcto porque puede ser presentado como un conflicto de intereses y cualquiera que fuese la resolución del recurso daría lugar a interpretaciones políticamente interesadas».

«Por eso, he decidido, por responsabilidad política, renunciar a la posibilidad de recurrir que ejercería si fuese un simple ciudadano y aceptar la sanción por una falta administrativa que corresponda, aunque esté en desacuerdo con ella y la considere injusta», ha afirmado Borrell.

El ministro ha reconocido que la operación de venta de acciones, que representaba una parte muy pequeña del total de acciones sobre las que tenía capacidad de operar, «no fue adecuada por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar».

Ha agregado que «fue un error que puede constituir, de acuerdo con nuestra legislación, sólo una falta administrativa» y que no afecta a «las condiciones que establecen» su «idoneidad para ejercer una función ministerial».

También ha dicho que, durante toda la tramitación del expediente, mantuvo que no hizo uso de información que hubiera podido obtener en su condición de consejero y está convencido que ello le sería reconocido en caso de acudir a los tribunales de justicia.

Además, ha señalado que no tiene lógica que, si alguien dispone de información privilegiada, se limite a vender una parte muy pequeña de la cartera que gestiona y ha añadido que, si hubiera tenido esa información, no hubiera sufrido las pérdidas muy elevadas que soportó como accionista de Abengoa, en la que ha dicho que perdió casi la totalidad de la inversión. Lo que no cuenta Borrell es que sabe perfectamente que hubiera incurrido en una sanción mucho más grave y que hubiera sido pillado en el mismo día por la CNMV. Al no ser un familiar directo, laCNMV tardó más en establcer los lazos, pero al final dio con esa persona, que a diferencia de otras muchas, logró salvar su inversión en Abengoa gracias a la información privilegiada facilitada por el consejero Borrell.

El diputado popular García Hernández le ha recordado a Borrell que en otras países la sanción que se le ha impuesto acarrea un delito muy grave y en España lleva «a la inhabilitación para formar parte de cualquier consejo de administración de cualquier empresa, según el Código de Buenas Prácticas y Buen Gobierno», aunque no para formar parte del Consejo de Ministros.