La nulidad planea sobre el juicio de las tarjetas black

Las defensas de los 65 usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid han solicitado en la Audiencia Nacional la nulidad de la principal prueba inculpatoria, la hoja de cálculo Excel con los gastos de cada uno de ellos aportada al proceso por Bankia, entidad que, a su juicio, no está legitimada para ser acusación particular.

Los letrados de los expresidentes de la extinta caja de ahorros, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para quienes la Fiscalía pide 6 años y 4 años y medio de cárcel, respectivamente, por apropiación indebida, han sido los primeros en alegar que ni Bankia ni su matriz BFA o el propio FROB pueden acusarles de unas prácticas ajenas a estas entidades.

Todo ello porque, en su opinión, Caja Madrid era jurídicamente «distinta e independiente» de Bankia o BFA, a las que no reconocen como herederas legales de la extinta caja y que, por lo tanto, no pueden considerarse afectadas.

Por ello han solicitado la nulidad de las pruebas aportadas por Bankia ya que, además, fueron obtenidas «en base a documentación con acceso ilegítimo», una línea seguida por el letrado de Rato, que ha presentado varios contratos, así como el justificante de reintegro de las cantidades abonadas con la tarjeta.

Y es que parece claro que ha habido una vulneración de los derechos individuales a la intimidad personal. Y es que según la ley vigente, los datos de tarjetas de crédito o débito están especialmente protegidos porque afectan a la intimidad personal. Caja Madrid que era la custodia de estos datos alega que Bankia los había «ocupado » al llegar a los antiguos locales de la caja madrileña

Bankia, según prestigiosos juristas consultados por Intereconomía.com, habria utilizado ilegalmente esos datos concretos al facilitárselos al Frob y éste también al ponerlos en conocimiento de la Fiscalía, que ha hecho uso de ellos sin autorización judicial. Según los mismo juristas consultados, esa violación de derechos constitucionales de los acusados puede ser causa de nulidad de las pruebas.

Estos juristas añaden que el Frob, Bankia y BFA no tienen legitimación porque no están afectados por el gasto de las tarjetas, porque iban con cargo a caja Madrid. Estos recursos propios nunca fueron traspasados a BFA-Bankia. Caja Madrid, además, nunca se ha personado en la causa .las defensas han pedido la expulsión como acusaciones de Frob, Bankia y BFA .

La Presidenta de la Sala ha reconocido que no existe ningún recibo concreto de los gastos de las tarjetas, solo una hoja excell confeccionada por Bankia. incluso en la primera sesión del juicio se ha puesto de manifiesto que los gastos correspondientes al mes de Febrero 2009 no se han encontrado. Ante ese revés, Bankia ha procedido a extrapolar los de febrero 2008. Solo la prueba por excell puede no ser válida por el alto riesgo de manipulación que tiene una hoja de cálculo, señalan las mismas fuentes. Esto, por tanto, impediría identificar las cantidades exactas.

Más contundente se ha mostrado la defensa del exconsejero Rodolfo Benito. Según la letrada, «es imposible determinar de dónde ha extraído Bankia esos datos», y ha asegurado que el banco «se limitó a certificar que los Excel aportados eran válidos» a pesar de que los discos remitidos mostraban listados «no coincidentes».

«Bankia ha actuado con una clara actitud incriminatoria ya que ha aportado sólo material inculpatorio y no exculpatorio», ha señalado antes de concluir que el banco, cuyo equipo actual denunció la existencia de las tarjetas «black», ha ofrecido «la verdad que le interesaba».

Especialmente crítica se ha mostrado la defensa del expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán con la polémica hoja de cálculo validada por Bankia y que descubrió gastos de 94.000 euros por parte de su cliente, una prueba que ha catalogado de «chapuza hecha por un mero colegial» y «sin validez a nivel formal».

Mientras, el abogado del miembro de la comisión de control José María Buenaventura ha esgrimido que los presuntos delitos cometidos por su representado ya habrían prescrito a pesar de tratarse de una conducta, teóricamente, continuada, razón por la que ha solicitado la nulidad del auto de apertura de juicio oral.