Montoro aplica en octubre un severo castigo a las empresas

El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, espera recaudar 5.800 millones de euros adicionales en el pago de octubre del impuesto de sociedades, el 72% previsto por el cambio en el pago de este gravamen.La nueva reforma eleva los importes que adelantan las grandes empresas, y se espera recaudar un total de 8.300 millones de euros este año para contentar a Bruselas.

El pasado 30 de septiembre, el Gobierno aprobó la reforma del impuesto de sociedades, que eleva los pagos fraccionados que adelantan las grandes empresas, una medida con la que prevé recaudar 8.300 millones adicionales este año que servirán para cuadrar las cuentas públicas y tratar de cumplir el objetivo de déficit público del 4,6% del PIB.

Esta medida se aplicará por primera vez en el pago correspondiente a octubre, cuyo plazo vence el próximo jueves, en el que Hacienda espera recauda 5.800 de los 8.300 millones de euros adicionales previstos.

Los 2.500 millones de euros restantes se recaudarán previsiblemente en el pago de diciembre, ya que el impuesto de sociedades se abona en tres pagos al año: abril, octubre y diciembre.

La reforma del impuesto de sociedades, que todavía tiene que ser convalidada en las Cortes, implica que las 9.000 empresas que facturan más de 10 millones de euros deberán adelantar a cuenta del impuesto un pago mínimo del 23% de su resultado contable en abril, octubre y diciembre.

El pago mínimo será del 25% del resultado contable para las entidades de crédito y las empresas dedicadas a la exploración de yacimientos de hidrocarburos, que son las que cuentan con un tipo de gravamen incrementado del 30%, frente al tipo general de Sociedades del 25 % establecido con la reforma fiscal.

Además de fijar el pago fraccionado mínimo, el decreto ley modifica también el cálculo del pago, de forma que se aplicará el 24% de la base imponible en lugar del 17% actual.

La medida, que no supone una subida del tipo del impuesto sino de los pagos que se adelantan a cuenta y se liquidan al año siguiente, tiene vigencia indefinida y durará al menos hasta que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB.

El plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas explica que esta medida es una de las puestas en marcha por el Ejecutivo para cumplir el objetivo de déficit público, junto al acuerdo de no disponibilidad de créditos y el adelanto de la orden de cierre de los presupuestos.