La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia con firmeza el abandono institucional que sufren más de 222.000 personas con discapacidad en la región, a causa de la absoluta dejadez de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid frente a la crisis del Eurotaxi.
Después de cuatro meses de silencio e inacción por parte del consejero Jorge Rodrigo Domínguez, resulta intolerable que no se haya puesto en marcha ni una sola medida efectiva para recuperar un servicio esencial para la movilidad y la inclusión social de miles de ciudadanos. Mientras tanto, el colectivo sigue enfrentándose a un sistema colapsado, sin alternativas ni garantías mínimas de transporte accesible.
La situación es insostenible: actualmente solo hay el 1,5% del total de la flota, sobre el mínimo del 5% que indica la norma. Esto implica un déficit del 70% respecto al umbral mínimo exigido, dejando a miles de personas con movilidad reducida sin alternativa real de transporte accesible. Peor aún, la Comunidad de Madrid ni siquiera dispone de un dato oficial sobre cuántos vehículos de VTC deberían estar ya adaptados, como exige el actual reglamento de transportes de la Comunidad de Madrid, ni cuántos están realmente circulando.
Y el origen del caos está en la inacción deliberada de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que ni regula ni supervisa a las emisoras de taxi, ni a las plataformas digitales que gestionan VTC. No existe ningún control sobre su funcionamiento, no hay normativa que garantice la accesibilidad, no hay inspecciones que verifiquen la calidad del servicio, y, por supuesto, no hay sanciones cuando se incumple.
Sin regulación no hay control, y sin control no hay garantías. La administración regional ha dejado en manos del libre mercado —y de sus intereses— un servicio público esencial. Esta ausencia total de gobernanza ha provocado que el transporte accesible en Madrid sea hoy un espejismo: no hay previsión, no hay ayudas, no hay datos fiables y, lo más grave, no hay voluntad política. La movilidad de las personas con discapacidad ha sido abandonada a su suerte.
La patronal del sector, Unauto, ha declarado que “hay vehículos VTC adaptados”, pero no ha aportado cifras ni garantías de operatividad. FAMMA sabe que existen, pero también constata que no están prestando servicio alguno a personas con movilidad reducida.
A esto se suma la absoluta dejación de funciones por parte de la Consejería de Transportes, que no regula ni fiscaliza las plataformas de gestión de taxis (emisoras), ni las grandes compañías de VTC, lo que deja a estas empresas operar con total opacidad e impunidad, sin ningún tipo de exigencia técnica, funcional ni social. Las inspecciones actuales, escasas y superficiales, son del todo insuficientes para garantizar un servicio digno y accesible.
“Es escandaloso que, en pleno 2025, la Comunidad de Madrid siga actuando como si la discapacidad no existiera. No hay voluntad política, no hay planificación y no hay respeto. Llenarse la boca de inclusión mientras se da la espalda a este colectivo es puro cinismo”, denuncia Javier Font, presidente de FAMMA.
En contraste, el Ayuntamiento de Madrid sí ha demostrado sensibilidad y compromiso, tomando medidas para revertir esta situación, pero sin ayuda de la Comunidad de Madrid no habrá solución. Desde FAMMA, se reconoce y agradece este esfuerzo municipal, que deja en evidencia la parálisis autonómica.
FAMMA-Cocemfe Madrid, interlocutora principal del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica en la región, exige una actuación inmediata y contundente por parte de la Consejería de Transportes. No es una cuestión de preferencias políticas, es una cuestión de derechos humanos.
