El Consejo de Cuentas ha fiscalizado en 20 años la gestión de 15.000 millones

El presidente del Consejo de Cuenta, Mario Amiliva, destacó hoy que esta institución fiscalizó más de 15.000 millones de euros de cerca de 5.000 entidades locales y de todo el sector público autonómico durante los últimos 20 años; y emitió 2.200 recomendaciones, que “vemos con satisfacción” que “últimamente” se cumplen en más del 80 por ciento. “Contribuimos así de manera decisiva a la mejora de la gestión de las administraciones”, sentenció momentos antes de abrir en la sede de las Cortes, los actos con motivo del XX Aniversario del órgano fiscalizador de la Comunidad.

Mario Amilivia explicó que el Consejo de Cuentas elaboró en esas dos décadas 240 informes de fiscalización y va camino de alcanzar los 290. En este sentido, enmarcó la jornada más que en una “celebración”, en una “conmemoración”, bajo la idea de “traer al presente la creación en su día” del órgano fiscalizador de la Comunidad y “reivindicar su trabajo en estos últimos 20 años” así como “hacer planteamientos para su futuro para servir mejor a los castellanos y leoneses”, dijo.

El presidente del Consejo de Cuentas  apeló asimismo en la presentación de la jornada a implementar una serie de reformas normativas que consideró «inaplazables» a fin de impulsar el funcionamiento de la institución. “Estamos reivindicando desde el inicio de este mandato la conveniencia de reforzar la independencia del Consejo, garantizando la autonomía funcional en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos. Por ejemplo, aprobando de manera independiente nuestro propio Plan Anual de Fiscalizaciones”, destacó Amilivia.

«Pretendemos también favorecer un nuevo impulso a la rendición de cuentas de las entidades locales mediante el establecimiento de los llamados estímulos a la rendición y mejorar las condiciones laborales para garantizar el mantenimiento de la plantilla y la cobertura de plazas con la incorporación de profesionales cualificados”.

Además, subrayó, que han mostrado su «disposición favorable a la ampliación de competencias, en este caso sobre la evaluación de políticas públicas, en consonancia con lo propuesto en el informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por encargo de la Junta de Castilla y León. Asumiendo en su caso las competencias de Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas en el supuesto de una eventual creación de esta”.

Mario Amilivia apuntó en este sentido que la voluntad “inequívoca” de seguir prestando el mejor servicio a las demandas de la sociedad castellano y leonesa “requiere a nuestro juicio una reforma de la actual normativa”.

Además, destacó las intervenciones hoy del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Asimismo, puso de relieve las conferencias del exmiembro del Consejo Consultivo y exconsejero de Educación y catedrático de Derecho Constitucional, Fernando Rey, y del profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, Juan Fernando Durán Alba, para presentar dos compendios de informes de fiscalización para “dar cumplimiento de la idea de rendir el trabajo bien hecho”.

Ley reguladora

El presidente del Consejo de Cuentas recordó, durante su intervención que en, 2002 se aprobó la ley reguladora del órgano de fiscalización, que, recordó, “ha sufrido una serie de modificaciones legales desde entonces”. Así, se refirió a la reforma de 2011, cuando se produjo una reducción de los consejeros de cinco a tres, y la “profunda reforma” de 2013, cuando se adscribió a las Cortes y se creó una secretaria general conjunta para las cuatro instituciones propias de la Comunidad, se modificó el estatuto de consejeros reduciendo mandatos, y hubo un “importante ajuste presupuestario”.

Al respecto denunció, que el Consejo Consultivo asumió nuevas competencias, pero sufrió un “ajuste económico importante” de seis millones en 2012, a entre cuatro y siete, pero “el dinero constante no es el mismo”. Sin embargo, indicó que que las instituciones respondieron a las reformas “con total solvencia, cumpliendo con su compromiso de servicio público, impulsando la transparencia y la calidad democrática, y demostrando su utilidad para las personas de esta Comunidad, no pocas veces en condiciones nada fáciles. “Han significado un plus de garantía para los ciudadanos y los entes de Castilla y León. Un plus de garantía para los derechos de los ciudadanos, especialmente del derecho a una buena administración, contemplado en el Estatuto de Autonomía”.

En cuanto a su mandato al frente del Consejo, significó Amilivia el efecto palanca que ha tenido el primer Plan Estratégico 2019-2022 con el que se dotó el órgano. “Esta planificación ha propiciado un nuevo impulso a la actividad de la institución con un mayor número de auditorías al año, una mayor actualidad en la presentación de informes y un esfuerzo creciente en la divulgación de su contenido con la mayor cercanía posible de la labor que realizamos”.

Asimismo, explicó que impulsó también una nueva orientación hacia las auditorías operativas, analizando aquellas materias que ocupan las mayores preocupaciones de los ciudadanos como son la garantía de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Para finalizar, puso de manifiesto la “ejemplar” coordinación y complementariedad entre el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, sin que exista “ningún tipo de duplicidades”. Amilivia aseguró que el hecho de que Castilla y León asumiera la función fiscalizadora hace 20 años ha permitido multiplicar por seis la actividad de control externo y avanzar también en la realización de fiscalizaciones de carácter horizontal, que permiten “una visión de país, en colaboración con el resto de los órganos de control externo”.