El despilfarro en infraestructuras: 80.000 millones tirados en 20 años

El despilfarro de 80.000 millones de euros es el equivalente al doble de lo que ha supuesto a los contribuyentes el rescate financiero, también el doble de los recortes realizados durante la crisis y casi el mismo montante de la hucha de la pensiones, por separado.

Tanto la Administración General del Estado como las CC AA han despilfarrado en total 80.000 millones de euros en infraestructuras, equipamientos y obras totalmente «innecesarias», tales como carreteras de titularidad estatal o autonómica -entre ellas algunas radiales-, aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales. Muchas de ellas, además de innecesarias, han registrado cuantiosos sobrecostes en su ejecución, un montante que ha salido del bolsillo de todos los españoles. De media, entre 1995 y 2016, se han evaporado cerca de 4.000 millones de euros anuales, un montante con el que podrían haberse incrementado las pensiones al IPC y rellenar la hucha de las pensiones, o hacer frente al déficit sin realizar recortes, entre otras partidas sociales que habrían aumentado la cuantía, o bien haber reducido los impuestos en esa misma cantidad, dejando así 4.000 millones para consumo e inversión.

Pero no, el Gobierno y las administraciones autonómicas han preferido estas obras innecesarias, según ha explicado la Asociación de Geógrafos de España (AGE), cuyo estudio se dará a conocer dentro de once días. Para su elaboración se han unido las universidades de Barcelona, Gerona, Valencia, Cantabria, Complutense de Madrid, Tenerife, Sevilla, Málaga y Alicante. Así lo ha afirmado el presidente nacional de este colectivo, el catedrático de la universidad de Alicante Jorge Olcina.

80.000 millones tirados, pero sin contar con las obras de los Ayuntamientos

A juicio de Olcina, se trata de inversiones «que no se debieron haber hecho» porque han carecido de uso. El estudio, que no ha incluido las dotaciones financiadas por los ayuntamientos por la complejidad para recabar estas cifras, refleja la multitud de «megaproyectos» que no han servido para el fin que se pretendía, y Olcina ha citado, en el caso de la Comunidad Valenciana, el trazado inicial del trasvase Júcar-Vinalopó, que posteriormente se varió pese a la inversión hecha, y alguna planta desalinizadora que no ha llegado a usarse.

Los geógrafos denuncian que, a la hora de diseñar sus planes urbanísticos (PGOU), los municipios únicamente tienen en cuenta el riesgo de inundaciones y no la posibilidad de deslizamientos de tierras, movimientos sísmicos, sequías o los temporales en el caso de los lugares en primera línea de costa, y todo ello pese a que hay cartografía suficiente de ese tipo de situaciones.

Este colectivo ha realizado un decálogo sobre la defensa de los territorios ante los retos del cambio global

La AGE ha elaborado un decálogo por el que apuesta por un nuevo impulso para la ordenación racional del territorio en una sociedad compleja que debe tener en cuenta lo siguiente:

1.-La necesidad de políticas aplicadas en todos los niveles de escala: municipal, metropolitana, regional, estatal y europea en los procesos de transformación y
ordenación territorial.

2.- Las administraciones autonómicas deben fomentar procesos de planificación territorial que integren de manera efectiva las escalas verticales y horizontales
y que preserven la conectividad ecológica y funcional, en consonancia con los nuevos retos que impone la globalización.

3.- la necesidad urgente de adaptar el espacio geográfico a los efectos del proceso del cambio climático. Nuestro país no puede quedar al margen de estos nuevos procesos de adaptación de los territorios al calentamiento global.

4.-La garantía por parte de los poderes públicos del derecho a la vivienda se convierte, sin duda, en el reto principal de la planificación territorial y urbanística
de los próximos años.

5.- Elaboración de estrategias de desarrollo y medidas específicas y urgentes para los territorios de la despoblación rural, de baja densidad y en proceso de
despoblación,

6.-Recortar lo antes posible la brecha digital existente en zonas rurales, es otro de los temas a considerar aplicando acciones, normas y políticas acordes con las
necesidades reales de estos territorios, donde la dimensión de lo local -sin recetarios y con verdadera voluntad de solucionar los problemas-, es cada vez
más fundamental.

7.-Impedir la relajación existente en el cumplimiento de las obligaciones de incorporar estudios y cartografías específicas en los procesos de evaluación de
la sostenibilidad ambiental y territorial.

8.- Apuesta decidida por las políticas del paisaje y de infraestructura verde del territorio, especialmente en los espacios litorales, la cual se presenta como una oportunidad de disponer de instrumentos de ordenación del territorio más estructurantes y ágiles que conecten las diferentes escalas espaciales y los
niveles de administración política, con un protagonismo destacado de la participación social.

9.- Los nuevos territorios del cambio global que se están gestando en los últimos años, deben incluir la equidad y la justicia ambiental, la igualdad de género, la
erradicación de la pobreza, la activación del patrimonio territorial y la transparencia en los procesos administrativos como objetivos fundamentales de su planificación y gestión.

10.- De la manera inteligente en que se planifique el territorio en los próximos años dependerá el mantenimiento de sus valores ambientales y la calidad de
vida de las sociedades que los habitamos.