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El Gobierno central movilizó 4.753 millones en recursos para luchar contra el covid en la Comunidad

Los afectados por ERTE son 35.000, frente a los 132.000 de abril

El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, explicó hoy en Valladolid que el Gobierno central ha movilizado los últimos tres meses hacia Castilla y León 4.753,5 millones de euros en recursos públicos para afrontar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, una cantidad “muy importante” que se ha inyectado “directamente en la economía real” y que cobra especial relevancia a su juicio si se compara con cómo afrontó el Gobierno del PP la anterior crisis económica en 2012, destinando la ayuda a la “economía financiera” y no a las familias y pymes, con medidas entre las que citó “el rescate bancario, una reforma laboral que devaluó el mercado de trabajo, destrucción intensa del tejido productivo y problemas de financiación para las administraciones públicas”.

“Frente a una situación de crisis hemos visto dos respuestas muy distintas, tanto en fondo, como en forma, ya que las medidas adoptadas por el actual Gobierno han llegado fruto del Diálogo Social, tácitamente con sindicatos y patronal. Frente a un desembolso que en su día fue destinado a las entidades financieras, ahora se ha hecho un importante esfuerzo económico que ha llegado al tejido productivo y al conjunto de la sociedad, lo cual ha permitido que no haya tantos despidos como entonces. Los ertes han sido una medida extraordinaria que ha permitido salvar muchas empresas”, defendió.

En su intervención, recogida por Ical, Izquierdo señaló que a finales de julio, un total de 35.808 trabajadores estaban afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en la Comunidad Autónoma, el 3,5 por ciento de los afectados por erte en toda España, lo que supone 96.399 menos que en el peor momento de la crisis, el 30 de abril, cuando llegaron a ser 132.207. Por lo tanto, el 72,9 por ciento de los trabajadores han salido de esta situación, un porcentaje mayor que la media nacional, que se sitúa en el 66,9 por ciento.

Por otro lado, según datos del SEPE, en el mes de junio, un total de 214.996 trabajadores percibieron algún tipo de prestación social, por un importe total de 162,2 millones de euros, cifra que incluye ertes y desempleo. En mayo fueron 258.991 trabajadores los que se encontraban amparados por estas coberturas, lo que supuso un desembolso de 243,8 millones, mientras que en abril fueron 214.980, y 207 millones de euros. Por tanto, la nómina que el Estado ha sufragado hasta finales de junio en estos conceptos, alcanza en total los 613 millones de euros en las nueve provincias de Castilla y León. En ese sentido, explicó que un total de 214.996 asalariados castellanos y leoneses y 75.628 autónomos han recibido algún tipo de prestación social en el último mes.

Izquierdo desglosó el montante total de la inversión en dos partidas, una que cubre un total de 3.273 millones en prestamos avalados por el ICO al 80 por ciento, con arreglo a la línea de avales que el Ejecutivo aprobó al comienzo de la pandemia, y otros 1.480,5 millones que han llegado de diversas formas “directamente a la Junta de Castilla y León estos últimos tres meses desde la Administración general”.

Esa segunda partida se divide en 613 millones abonados para cubrir las prestaciones por desempleo, 196 millones para las prestaciones para autónomos, 20 del Fondo Social Extraordinario aprobado para minimizar el impacto social de la pandemia (17,7) y las becas comedor (1,8 millones) que han dado cobertura durante estos meses a 8.000 familias y 10.323 menores.

También recoge otras medidas como la posibilidad de destinar fondos Feder a gasto sanitario, supone 117,3 millones, junto a los más de 349 millones de euros que llegarán a Castilla y León del primer tramo del Fondo COVID, así como la liquidación del sistema de financiación de 2018, dinero no reembolsable, es decir, que no incrementa la deuda ni genera intereses, de acuerdo a criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia en la Comunidad Autónoma, y que ha supuesto finalmente 185 millones de euros más de los estimados inicialmente y que ayer se ingresaron en las arcas de la Comunidad.