El Gobierno del PSOE sobre el imputado Planas: «No tiene cuentas pendientes con la Justicia»

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afirma que Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, no «tiene cuentas pendientes con la Justicia» pese a que sí está imputado por el robo de agua de Doñana.

De hecho, la imputación fue llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado. El PP ha exigido ya explicaciones al Gobierno de Sánchez por este motivo, y apunta que pudiera haber tráfico de influencias en caso de que la Fiscalía acuerde su desimputación en el caso sin un argumento sólido, más cuando se trata del segundo escándalo en tan solo una semana del nuevo Gobierno.

Celaá se ha referido hoy así a Planas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras conocerse ayer que el ministro está actualmente imputado en una causa por un posible delito contra el medio ambiente ocurrido en el entorno de Doñana.

Según la portavoz, Planas es un ministro «absolutamente de garantía», que ha trabajado «siempre» en el servicio público con «excelentes resultados». Preguntada sobre si Pedro Sánchez lo cesará en el caso de que no se le retire la imputación, ha indicado que el Gobierno no se pondrá «en casos hipotéticos» porque «no hay ninguna hipótesis al respecto» ya que Planas, ha reiterado, «no tiene ninguna cuenta con la justicia y lo podrán ver«.

El Gobierno «piensa que no se va a acusar» a Planas puesto que la Fiscalía «ya dijo desde el principio que no tenía relación con los hechos, no había intervenido y no tenía conocimiento de ellos».

Ha recordado la explicación dada ayer por el propio ministro, según la cual los hechos se remontan a finales de los años 90 cuando la Junta de Andalucía cedió una finca al Ayuntamiento de Almonte, que a su vez la transfirió a unos agricultores que supuestamente habrían realizado riegos ilegales cerca de Doñana.

Según Celaá, en la causa fue citado Planas, entre otros, y «dio todas las explicaciones necesarias hasta el punto que la Fiscalía ha asumido ya que el ministro no era competente, ni intervino en ningún expediente y que no tenía conocimiento de los hechos».