El Gobierno recupera el Fondo para acoger inmigrantes y lo dota con 70 millones de euros

El Gobierno ha recuperado el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012, con una dotación de 70 millones de euros, casi tres veces más que el dinero que piensa destinar a fomentar el empleo entre los parados españoles de larga duración.

Esos 70 millones de euros para la acogida de nuevos inmigrantes suponen casi el triple de la cantidad destinada, aprobada hoy también en Consejo de Ministros, al fomento de empleo entre los parados españoles de larga durasción. así, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado bonificaciones a la contratación de parados de larga duración (cerca de 1,32 millones de personas) de las que se beneficiarán los empresarios que ofrezcan empleos indefinidos y serán de 1.300 euros al año en caso de que se contrate a hombres, y 1.500 euros en el de mujeres, que representan el 64 % del total, lo que tendrá un coste de unos 25,68 millones, frente a los 70 millones de ayudas a los inmigrantes que ni siquieran necesitan un empleo para recibirla.

Y es que el efecto llamada del Gobierno socialista ha llevado a España a una situación insostenible. La Comisión Europea (CE) reconoce que España se encuentra bajo una «particular presión migratoria».

«En el Mediterráneo occidental, España está bajo una presión migratoria particular», señaló el comisario europeo de Inmigración y Asilo, Dimitris Avramópulos, en una rueda de prensa para explicar el último informe sobre política migratoria de la Unión Europea (UE).

En 2018 las llegadas irregulares a la UE cayeron un 25 % frente a 2017, hasta las 150.000, el nivel más bajo en cinco años y un 90 % menos que el pico registrado durante la crisis migratoria de 2015. Sin embargo, en España ha sucedido todo lo contrario. Hubo en 2018 un «aumento sustancial» (del 131 % frente al año anterior) de las llegadas, hasta las 65.000, especialmente en la segunda mitad del año, tras el suceso del barco de Open Arms.

Principalmente llegaron a España marroquíes (un quinto del total), seguidos de ciudadanos de países del África occidental (Guinea, Mali, Costa de Marfil y Gambia) y de Argelia.

Inmigración y terrorismo

Y uno de los más graves problemas lo tiene España con Marruecos. Seis de cada diez yihadistas detenidos en España pertenecen a las segundas generaciones, es decir, son descendientes de inmigrantes musulmanes que han nacido o crecido en territorio español al margen de que tengan o no la nacionalidad, una media que se refleja desde el año 2012.

Esta es una de las conclusiones del libro «Yihadismo y yihadistas en España. Quince años después del 11-M», del director del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares, y los investigadores del mismo Carola García-Calvo y Álvaro Vicente.

Fernando Reinares ha comentado que estas cifras ponen de manifiesto que «el yihadismo en España se ha transformado en un fenómeno endógeno, que no lo era antes pues hasta 2012 ocho de cada diez yihadistas detenidos en territorio español eran inmigrantes de primera generación procedentes sobre todo de Marruecos.

El trabajo del Real Instituto Elcano ha analizado los 200 yihadistas condenados ya en España desde 2004 y los quince que fallecieron en territorio español, es decir los siete que murieron en Leganés (Madrid) tras los atentados del 11-M y los ocho que perdieron la vida tras los cometidos en 2017 en Cataluña.

Otra de las conclusiones del estudio es que dos son los factores que explican el proceso de radicalización en siete de cada diez casos.

Por una parte la exposición, más cara a cara que a través de internet, a un agente de radicalización, por lo común alguien con trayectoria como activista o una figura religiosa, y por otra la existencia de vínculos afectivos previos basados en relaciones sociales de parentesco, amistad o vecindad con algún yihadista.

Entre los yihadistas condenados o muertos en España de 2004 a 2018 la pauta predominante no fue la de actuar como «lobos solitarios» sino implicarse en células, grupos y redes, según las conclusiones del Real Instituto Elcano.

El informe añade que hasta 2011 nueve de cada diez actuaron dentro del territorio español, donde residían, pero a partir de 2012 cinco de cada diez optaron por irse a la zona de conflicto que surgió en Siria e Irak como combatientes terroristas extranjeros del Estado Islámico.

En Cataluña residía el 33,2 por ciento de los yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2018, lo que el trabajo relaciona con la mucho mayor presencia de musulmanes salafistas en esta comunidad autónoma respecto a las demás.

Este porcentaje es seguido por el 23,9 por ciento en Madrid, el 12,4 por ciento en Ceuta, el 9 por ciento en Andalucía, el 8 por ciento en Melilla y el 4,5 por ciento en la Comunidad Valenciana -el 9 por ciento restante residía en otros lugares de España-.