El Gobierno catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, ha autorizado el aval que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ha otorgado al grupo siderúrgico Celsa, -controlado por los fondos de inversión Attestor y Deutsche Bank, con un 20% aproximadamente cada uno; con el 12,5% Cross Ocean, SVP, Anchorange y GoldenTree, y en el 10% restante está bajo control de entidades como JP Morgan o Sculptor- por hasta 35 millones de euros, con el que pretende «facilitar la operativa» de la compañía y «generar confianza» en los proveedores energéticos de la compañía.
El ejecutivo catalán, que ha dado la luz verde a este aval en su reunión de este lunes, ha destacado la importancia del aval en la actual etapa de transformación del grupo, que es el primer productor del continente de acero circular de bajas emisiones.
En un comunicado, el Govern ha señalado también que el sector siderúrgico es «estratégico» en la reindustrialización de Cataluña.
«Con este acuerdo -apunta- se garantiza el equilibrio patrimonial del ICF por el menoscabo tanto de capital como de intereses que se pueda derivar de la formalización por el ICF de uno o diversos avales a favor del grupo Celsa».
El aval, que es efectivo hasta finales de 2025, llega después de que la familia Rubiralta, fundadora de la compañía siderúrgica, perdiera su propiedad en favor de un grupo de fondos internacionales acreedores en 2023.
Cambios en la presidencia de Celsa
Los fondos dueños de Celsa nombraron a Rafael Villaseca nuevo presidente no ejecutivo y a Jordi Cazorla consejero delegado del gigante siderúrgico para pilotar la nueva etapa que se inicia después de la familia Rubiralta perdiera su control por sentencia judicial a favor de los fondos de inversión acreedores.
Además de estos nombramientos, el Grupo Celsa incorporó a Daniel Alaminos, abogado del Estado, como secretario del consejo de administración.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, dada a conocer el pasado 1 de septiembre, daba vía libre a los fondos para tomar el control de Celsa, hasta entonces en manos de la familia Rubiralta.
La operación incluía la aceptación por parte de los nuevos accionistas de una serie de compromisos con las autoridades, como son el mantenimiento de la viabilidad de la compañía a largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España, la protección del empleo y la capacidad productiva en el marco del carácter estratégico de Celsa y la búsqueda de un socio industrial español.
